30.1.12

Nueva derrota de la fiscalía en el caso Bombas: tendrá que pagar las costas del juicio


26 DE ENERO DE 2012

Nueva derrota de la fiscalía en el caso Bombas: tendrá que pagar las costas del juicio


El fallo al respecto, estableció que “no resulta serio, prudente ni respetuoso sostener que se litigó con motivo plausible” para haber mantenido al grupo de jóvenes anarquistas ocho meses en prisión por formar parte de una supuesta organización terrorista.

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de apelación que presentó la Fiscalía Metropolitana Sur para eximirse de pagar las costas del proceso judicial por el llamado caso Bombas. De esta forma, el Ministerio Público deberá cancelar más de 29 millones de pesos por el proceso, los que incluyen los honorarios de los abogados defensores.
A fines de diciembre pasado, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones acogió un recurso de hecho presentado por el Ministerio Público y le concedió el derecho a apelar de la condena en costas impuesta por el Octavo Juzgado de Garantía, luego de sobreseer a 14 imputados del caso. La Fiscalía buscaba revertir la decisión que le ordenó pagar el valor de todo el proceso que terminó infructuosamente tras cuatro años de investigación, en la arista que perseguía la asociación ilícita. En la oportunidad la Primera Sala, en votación dividida, resolvió acoger el recurso de hecho considerando que fue el propio Ministerio Público el que pidió el sobreseimiento de la causa, por lo que consideró como un derecho la posibilidad de apelar en cuanto a la condena en costas.
El fallo al respecto, estableció que “no resulta serio, prudente ni respetuoso sostener que se litigó con motivo plausible” para haber mantenido al grupo de jóvenes anarquistas ocho meses en prisión por formar parte de una supuesta organización terrorista.
Según informó Radio Bío Bío, el abogado defensor de Pablo Morales, Mauricio Daza, indicó que quienes deberían pagar las costas son el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el ex fiscal Alejandro Peña por su actuar en este caso.

6.1.12

Los carabineros detienen y golpean brutalmente a José Ancalao


06-01-2012

Los carabineros detienen y golpean brutalmente a José Ancalao

La Breche

Traducción de Correspondencia de Prensa

El portavoz de la Federación Mapuche de los Estudiantes (Femae) y miembro del consejo ejecutivo del Confech (Federacion de Estudiantes Universidad de Chile), fue detenido y golpeado brutalmente por los Carabineros (policía militarizada) a principios de enero.

José Ancalao había dado realizado dos conferencias en Suiza (el martes 22 de noviembre de 2011 en Uni-Mail en Ginebra y el miércoles 23 de noviembre en la Universidad de Friburgo), a invitación del Círculo de Estudiantes de La Breche, del sitio web del Movimiento Por el Socialismo (MPS) y de las Editions Page deux

Durante estas conferencias, explicó la importancia de la movilización estudiantil en Chile, las dificultades específicas que encuentran los estudiantes Mapuches, así como el tipo de represión selectiva que los afecta.
El 4 de enero de 2012, participaba con miembros de la Femae en una marcha que se desarrollaba en Temuco -capital de la provincia de Cautin- a 650 km de Santiago. Esta marcha se organizaba en conexión con los amigos y los miembros de la familia de Matías Catrileo, joven mapuche asesinado el 3 de enero de 2008. La investigación confirmó que su muerte se debía a tres bolas de una metralleta de tipo Uzi (de fabricación israelí). La investigación indica que el responsable de este crimen era un miembro del Grupo de las Operaciones Especiales, brigada represiva especializada del Cuerpo de los Carabineros. El pasado 15 de diciembre, el Tribunal Supremo (a raíz de un recurso presentado por la familia de Matías Catrileo), confirmó de hecho la impunidad del asesino: el carabinero Walter Ramírez. Fue condenado a 3 años y 1 día de "residencia supervisada" por una instancia jurídica militar.

En la marcha en conmemoración de este asesinato, fueron detenidos José Ancalao y también la madre y la hermana de Matias Catrileo. Sobre su cuenta de Twitter, José Ancalao describió la brutalidad con la cual fue tratado durante su detención y en su traslado al cuartel de policía situado en la calle Varas. Es más que significativo que esta detención se haya producido con motivo de una marcha que denunciaba la impunidad de los miembros del Cuerpo de los Carabineros en un asesinato "documentado".

Pablo Millalen, portavoz de la Femae, declaró a la publicación Azkintuwe que los carabineros "le habían roto la nariz (a José Ancalao). Sangraba mucho en su traslado. Me dijo que había sido golpeado en distintas partes del cuerpo, igual que Diego Zaldivia" y otros jóvenes mapuches detenidos. Pablo Millalen afirma: "Reprimieron a José por el papel que tiene en el movimiento estudiantil. Reivindicamos los derechos del Pueblo Mapuche y tomamos la palabra, fuertemente, como estudiantes mapuches. Reivindicamos una Universidad Mapuche. Exigimos una educación de calidad. Reivindicamos edificios para los estudiantes y rechazamos la acusación de terroristas que hace el gobierno [la Concertación de Piñera]." Millalen destaca los comportamientos racistas de los funcionarios del Cuerpo de Carabineros. Lo que es una práctica corriente y demasiado poco denunciada por las fuerzas tradicionales de la izquierda chilena.

Los mensajes de solidaridad con José Ancalao, de todos/as aquellos/as que escucharon sus conferencias en Suiza y que apoyan la lucha del Pueblo Mapuche, pueden enviarse a su dirección de correo electrónico:jancalao2009@alu.uct.cl

http://alencontre.org/

3.1.12

“Se abre un ciclo renovado de desobediencia civil en Chile”


Entrevista al secretario general de la Confederación de Trabajadores Bancarios, Luis Mesina
“Se abre un ciclo renovado de desobediencia civil en Chile”



El secretario general de la Confederación de Trabajadores Bancarios de Chile, Luis Mesina, es por larga distancia, uno de los más notables dirigentes sindicales del país andino. No roba, no es flojo y es austero. No se le han mojado las convicciones anticapitalistas, no tiene acciones en empresa alguna, es tan impulsivo como cerebral, es miembro del directorio de un sindicato base y académico universitario en materias pedagógicas y de filosofía. Cuenta con poderosos enemigos en la Asociación de Bancos –que reúne al gremio patronal de la industria financiera-, y una breve barra hostil, anónima la mayoría de las veces, y artera siempre. Mesina es dirigente de la única multisindical del área bancaria y de las finanzas de Chile. Almuerza normalmente en el centro de Santiago, en un patio de comida cercano a la sede de la Confederación y la ausencia de alcohol en las actividades ligadas a la lucha o a la convivencia sindical resulta una queja secreta entre algunos. Es cierto, su obsesión compulsiva lo lanza hacia adelante, lo vuelve un lector voraz, una persona inquieta, belicosa y argumentativa. Abajo está su visión actual del país antes de que se evaporen los últimos sudores de 2011.

-¿Cómo evalúas los efectos del movimiento estudiantil chileno?

“Se han abierto perspectivas en todo el mundo, no sólo en Chile, con la irrupción del mundo joven a la lucha social, especialmente en los países del norte africano, el sur de Europa, Estados Unidos y en América Latina (Colombia, Puerto Rico) –que no es algo nuevo, pensando en la juventud de Europa y América en los 60; la de los 50 y que culminó con la Revolución Cubana; de los 40 con la Revolución China, etc.-. En el caso actual, a diferencia de los períodos anteriores, el capitalismo priva los proyectos de vida de los jóvenes. Esto provoca un dilema existencial. Ahora las generaciones se vuelven más dependientes de sus antecesores, los cuales resultan atacados sistemáticamente en el ámbito de la seguridad social y los derechos básicos. También la movilización es fruto de la acumulación de insatisfacciones durante los gobiernos de la Concertación, desde la década de los 90’. Esas administraciones traicionaron la promesa de una mejor vida para las grandes mayorías. Por eso también cayó la Concertación en las urnas, aunque fuera por un porcentaje minoritario de los habilitados para votar. Los estudiantes chilenos se han alzado como uno de los movimientos de mayor combatividad del planeta.”

-¿Qué faltó en el movimiento estudiantil chileno?

“Lo mismo que en todos los movimientos estudiantiles desde 2000 hasta ahora. No se ha logrado generar una vinculación fuerte entre estudiantes y trabajadores organizados, entendidos como fuerza motora de la sociedad. Los trabajadores perdieron capacidad transformadora por varios motivos. Entre ellos, no porque carezcan de potencia ‘por naturaleza’, sino porque sus direcciones capitularon -y me refiero a la socialdemocracia y al PC, entre los cuales sólo existen matices indistinguibles- ante las políticas del G7, G8, G20, la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Parlamento Europeo, La Confederación Económica Sindical (CES). En buenas cuentas, no existe movimiento de trabajadores. El sindicalismo que busca representar honestamente los intereses de los asalariados se encuentra fragmentado justamente por el tipo de institucionalidad que se generó para ese propósito.”

-Pero no todo se resuelve de manera puramente institucional o moral…

“El trabajo está organizado de manera distinta. Existen grandes cantidades de trabajadores desempeñándose en el mundo tercerizado o del subcontratismo, en particular en el sector servicio y financiero. Sin embargo, al respecto, es preciso aclarar que, más allá de que se hable de la ‘época de la financiarización’ especulativa, ello en caso alguno significa la extinción de los momentos productivos (en términos ampliados) que son los que en realidad originan el valor y la mercancía. ¿Dónde está la producción, entonces? En los grandes países que cuentan con un alto crecimiento económico, como China, India, el sudeste asiático. En cambio, en la división internacional del trabajo, América Latina está situada como oferente del sector primario, commodities, agro industria. Por eso no hay que obnubilarse con cifras transitorias.”

-¿Qué responsabilidad le cabe a la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT)?

“Está controlada por una suerte de socialdemocracia descompuesta. El rol que juegan el PS y el PC en el movimiento sindical chileno –que es preciso no sobredimensionar- es relativo, pero hasta ahora ha funcionado para dilatar la unidad necesaria de los pocos asalariados organizados entre sí y con los estudiantes. Confunde y produce desconfianza. Y en esas condiciones, la gente no se atreve a dar un paso con perspectiva, pese al enorme apoyo a los contenidos de la causa estudiantil de la inmensa mayoría de la sociedad. Es como si la única reserva moral y de dignidad del pueblo trabajador chileno estuviera en los estudiantes, ante un mundo y un país agobiado de injusticias que la gente, hasta ahora, simplemente padece.”

-La Confederación de Trabajadores Bancarios se hizo parte de la lucha estudiantil en las marchas por la educación pública gratuita y de excelencia, al menos toda su dirigencia. ¿Cuáles son las distintas variables, además de la composición de la dirección de la CUT, que explican sólo el apoyo ‘de gradería’, pero no la presencia concreta de los asalariados en una lucha que los afecta en pleno rostro, bolsillo y vida?
“Hasta hoy, los trabajadores reflejan la apatía general de la sociedad chilena, ante una facción del pueblo que intenta buscar modos de organización y participación. La fragmentación impuesta por la organización del trabajo, sitúa a Chile en la triste vanguardia mundial al respecto. Por ejemplo, en Italia la Fiat está imitando el modelo chileno (http://www.elclarin.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=21665&Itemid=47). A eso le llaman ‘relaciones laborales modernas’, y suponen un campo donde el derecho al trabajo cede frente a la concepción civilista basada en el vínculo individuo / empresa. Las consecuencias no únicamente comportan un impacto negativo para el trabajo en la distribución del ingreso, sino que profundizan el largo proceso de alienación incubado en el sujeto y que se resume popularmente en que ‘cada cual se salva solo o se rasca con sus propias uñas’.
Ese es, acaso, el mayor triunfo del capitalismo en Chile. Al punto que ante la disyuntiva de hacerse parte o no de una movilización estudiantil cuyos intereses le son propios, fueron incapaces de incorporarse. El temor a perder un empleo-miseria, con el agravante de la altísima rotación laboral y donde el 70 % de los asalariados percibe una renta mensual de US$ 600 (2/3 de la fuerza de trabajo), es más fuerte que la voluntad y necesidad de luchar. Y estamos mencionando un elemento sustantivo que ni siquiera pudo lograr el mismo Pinochet. En rigor, la dirigencia de la CUT es un puñado de funcionarios de la administración de turno del Estado que cumple un papel auxiliar en el problema de fondo que corresponde a los niveles superlativos de alienación promovidos premeditadamente por los gobiernos de la Concertación y de los cuales coyunturalmente goza Sebastián Piñera.
En este sentido, los puntos de inflexión simbólicos y políticos se encuentran en la validación de la Constitución del 80 durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos, y más tarde, esta vez, bajo la administración Bachelet, cuando el líder del PS, Camilo Escalona, levantó los brazos junto a Larraín (Renovación Nacional), Sergio Bitar (http://www.youtube.com/watch?v=q-3MaNKVAV4), la propia Bachelet y comparsa, a modo de acuerdo estratégico frente a una institucionalidad fundada en la enseñanza lucrativa, pura mercancía. Entonces todos los paradigmas de la educación, desde el racionalismo académico hasta las corrientes de la teoría crítica, que jamás sostuvieron y sostienen que el actual sistema de educación camina hacia el mejoramiento del sujeto con capacidad de aprendizaje, fueron barridos políticamente.”

-Los trabajadores bancarios se han caracterizado por su lucha contra el saqueo de los ahorros previsionales administrados por empresas privadas (AFP). ¿Qué medidas recientes han tomado?

“Presentamos la primera demanda contra la Afp ING Capital (holandesa con capitales del grupo Saieh) el pasado 16 de diciembre, que forma parte de un conjunto de demandas contra otras Afpes que realizaremos las próximas semanas.”

-¿Cuál es el contenido de la demanda?

“Es una acción legal que involucra a 155 trabajadores bancarios por un monto de US$ un millón 260 mil dólares, debido al daño previsional ocurrido el 2008. Los obstáculos tienen que ver con que la demanda debe hacerse por institución, y dado el presente ordenamiento jurídico, hemos tardado dos años en presentar la acción. El procedimiento es tremendamente farragoso, y se sustenta sobre el artículo 48 del Decreto Ley 3.500 que establece que los fondos de pensiones tienen que contar con una rentabilidad mínima, cuestión que no ha ocurrido con los ahorros para la jubilación de los chilenos. Lo que nos espera, de continuar las Afpes, son pensiones de hambre para muchos, y para otros, ninguna.
El sistema sólo reporta beneficio a sus dueños. Y tienen la facilidad para invertir y colocar representantes en directorios de distintas empresas, como el retailer en crisis La Polar, donde se dilapidaron US$ 1.900 millones de dólares de nuestros ahorros. ¡Y no existe ningún resguardo ni control sobre los fondos aventurados en la inversión! El tramo de ahorros de más riesgo puede ser invertido en bolsas o corporaciones extranjeras hasta en un 70 %. Hoy lo más grave, debido a las pérdidas millonarias de capital, corresponde a los anuncios de aumentar en dos o tres puntos las cotizaciones forzadas de los trabajadores. Ya está entre un 12,5 a un 13 % de los salarios. Como si no bastara, quieren incrementar en dos años la edad para jubilar; esto es, en los hombres de 65 a 67 años.”

-¿Qué propuesta de salida se advierte desde los trabajadores?

“Una intervención total del Estado en los fondos, donde las inversiones sean de superior seguridad. Porque ocurre que los ahorros latinoamericanos ahora se están prestando a Europa que le urge liquidez ante la crisis. Es preciso avanzar contundentemente a un régimen previsional solidario y universal.”

-¿Cómo está la salud de la industria financiera que opera en Chile?
“A diferencia de lo que pasa en otras latitudes, aquí la banca continúa siendo un negocio tremendamente exitoso.”

-¿Y cómo se ha sostenido la alta tasa de utilidades?

“Por la intensificación de la explotación de los trabajadores de la propia industria que significa no sólo más tiempo de trabajo impago, como podría suponer la curva o ley de rendimientos decrecientes. Los controles laborales son altamente eficientes y provocan, contra la propia naturaleza humana, mayores niveles de productividad, con el respaldo jurídico correspondiente, por supuesto. Por otra parte, porque no hay prácticamente ninguna regulación sobre ella y actúa de manera coludida a la hora de imponer las tasas de interés a los créditos. El Banco Central les vende el dinero a tasas cercanas a cero, pero el sistema financiero lo ofrece a los usuarios 30 y 40 veces más caro. Asimismo, más del 15 % de los ingresos de la banca provienen de los llamados ‘gastos operacionales’ (administración, seguros, etc.).”

-¿Y la relación entre la gente y el sistema financiero? A fin de cuentas, el crédito de consumo cumple la función de compensar los bajos salarios.
“Primero, se trata de la gran mayoría de los chilenos, y segundo, le impacta con brutalidad. Los sectores altos, una minoría, no pide crédito, y sólo una fracción de otra minoría, la medio-alta, lo requiere. El crédito lo demanda el 80 % de los trabajadores para costear la educación de sus hijos y para satisfacer necesidades básicas. En Chile el crédito se ha convertido en parte del ingreso permanente. Las personas comunes y corrientes ya tienen incorporadas en sus gastos las cuotas mensuales que deben pagar por el crédito. Ya no es algo esporádico o transitorio. Hoy el endeudamiento es permanente. Antes de que venza el plazo de la última cuota del crédito, vienen las repactaciones que vuelven infinitos los pagos de los créditos. El endeudamiento es clave en el ordenamiento económico de los chilenos.”

-El 2012 se presenta a gritos como un período de profundización de la crisis económica mundial. Tú, como dirigente social, político, como académico, como sujeto integral, ¿qué perspectivas adviertes para Chile?

“Tiene por lo menos dos rostros y contradictorios. Por un lado la crisis permite pulsar cómo se comportan los más jóvenes y los que comprenden que hay que construir una resistencia más organizada, con todos los matices imaginables. El común denominador es que hoy la gente se cansó de sobrevivir impávidamente aplastada por un sistema colmado de injusticias, y quiere hacer algo. Se abre un ciclo renovado de desobediencia civil. Los jóvenes, sobre todo, confían más en sus fuerzas que en las instituciones tradicionales del Estado, es decir, hay una crisis de representatividad que obliga al propio Estado a modificarse.
El viejo Estado republicano está haciendo agua, sus pilares fundantes agonizan. Ello resulta esperanzador. Y la cara negativa está asociada a nuevas presiones de los grandes foros internacionales donde se concentran los gigantescos grupos económicos que gobiernan el mundo, los cuales continuarán imponiendo la transferencia de capitales del Estado a las corporaciones financieras, como se observa en Grecia, Italia, España. Eso significa intentar liquidar las conquistas que alguna vez alcanzaron los trabajadores. De hecho, puntualmente, existe un ataque frontal a la negociación colectiva porque es el único medio que permite a los asalariados contrarrestar de alguna forma la alienación y la peor vida. La negociación colectiva es el espacio donde los trabajadores están obligados a compartir una propuesta única. ¡Y en Chile negocia colectivamente menos del 5 % de los trabajadores! Ni siquiera el sector cuprífero (columna económica nacional). Se trata de simulacros de negociación.”

-Desde los intereses de los trabajadores y el pueblo, ¿cómo se avizora las componendas Alianza por Chile y Concertación?

“Es posible que Bachelet sea la carta de salvación que el sistema capitalista espera para Chile. Las clases dominantes determinan todos los comportamientos humanos y sociales del país: las administraciones de turno, los medios de información, la opinión y agenda públicas, la salud, la educación, la cultura. Pero los trabajadores no podemos tener ninguna confianza en un eventual gobierno de Bachelet, cuyo ex ministro de Hacienda (Andrés Velasco Brañes) hace campaña con las mismas fórmulas ultraconservadores y monetaristas en el plano mundial, afirmando mentirosamente que la distribución del ingreso se resuelve con más empleo (menos con los empleos-miseria de Chile). Una medida provisoria al respecto, sería una política progresiva con una tasa de impuesto a las altas utilidades del país; permitir la negociación colectiva real; eliminar el concepto de empresa a través de los multi-rut, y que, en definitiva, los sindicatos sean organizaciones genuinamente representativas de los trabajadores.”

-Hacia el término de 2011, ¿existen mejores posibilidades para la creación de una alternativa política propia de los trabajadores y el pueblo?
“Son más favorables que en el pasado. Los ritmos en que pueda fructificar no están claros. Lo cierto es que cada vez hay más fuerza real, sobre todo de los jóvenes estudiantes y trabajadores. Lo hemos visto en amplios sectores de estudiantes secundarios. A las condiciones objetivas se agregan en la actualidad, las subjetivas. En el corto plazo, se avecinan reuniones entre trabajadores y estudiantes para evaluar en conjunto cómo enfrentar el 2012."

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=142178

6.12.11

reapertura

antes de que termine el año le dare una reapertura definitiva al blog, despues de un año bastante rico en experiencias vuelvo recargado a la lucha por el comunismo... pronto avisare sobre el nuevo posteo.

12.7.10

La Roja de “todos”

12-07-2010

La Roja de “todos”

Paul Walder
Punto Final


La eliminación de la selección chilena nos ha hecho poner nuevamente los pies en la tierra. Se trata de un ritual que la historia más reciente no había registrado desde el Mundial de Francia, en 1998, pero que ha tenido expresiones en otros y muy diversos eventos. Es un rito expiatorio levantado por los medios de comunicación, que en la interpretación y reinterpretación de los mismos hechos busca alejar los viejos y endémicos fantasmas que cruzan nuestra historia ciudadana.

Si atendemos a la charlatanería periodística, la selección chilena se transmuta en un elemento redentor, un talismán que nos protege de toda aquella mitología y hechicería que ha construido una malograda identidad. Como si el uso y abuso de frases como “mentalidad ganadora” , “Chile, haciendo historia” o “actitud triunfalista” pudieran encantar a ese otro Chile, o “Chilito”, aquella “chilenidad” creada e instalada no por el pensamiento ganador de la oligarquía y sus medios, sean políticos, culturales o de comunicación, sino por un pueblo sufriente e históricamente derrotado. Como si un partido de fútbol o dos días extra de fiesta para el Bicentenario fueran a esfumar, cual hechizo, esa carga histórica que pesa no como una maldición de los dioses o de la naturaleza, pero sí como resultado de una construcción social, económica, política.

El Chile del Mundial, el país triunfador, expresado en una selección chilena de rasgos físicos muy representativos, es más un producto publicitario que una expresión de la movilidad social. Es ilusión, pero especialmente deseo y aspiración social de integración, de término de las discriminaciones, de fin de la exclusión. Es el Chile de las oportunidades representado y construido en la selección de Marcelo Bielsa, efecto de un trabajo largo y extenuante. Es el resultado de un bien diseñado y elaborado proceso. Es gestión, es trabajo. Es excelencia.

Cabe hacerse la pregunta, ¿qué Chile es representado por la selección? ¿Somos todos? Porque se dice y se repite es “la Roja de todos”, cuyos atributos, su “mentalidad ganadora”, “actitud triunfalista” o su capacidad de “hacer historia” entre otros rasgos positivos, serían también de todos. Todos los chilenos compartiríamos esa nueva actitud ganadora, todos estaríamos escribiendo otra y mejor historia. Pero se trata de un discurso publicitario levantado con fruición por los medios y alentado por las elites políticas.

Aun cuando vemos que la selección es representativa de la noción física de la chilenidad, de nuestro mestizaje, sus atributos no son compartidos por todos los ciudadanos que conformamos la chilenidad. Porque en no todas partes están esas oportunidades, ni el término de las discriminaciones y las marginaciones. Y tampoco el trabajo que permite esos resultados. Para comprobarlo no hace falta ir muy lejos: miremos los resultados del Simce, que reflejan un país desintegrado; observemos los indicadores de la OCDE para Chile, con la peor distribución del ingreso en Latinoamérica y posiblemente en el mundo.

El buen desempeño de la selección, levantado por los medios y otros poderes, es sólo la cara bonita del Chile de hoy. Un país controlado por el sector privado (¡y cómo ha penetrado hasta el fondo en el fútbol!), campeón de la gestión empresarial, obsesionado por los resultados y por la excelencia. Un proceso que si bien puede tener esos buenos efectos, no puede afirmar que sean extendidos ni menos integradores. Porque si es un proceso, un trabajo que ha generado más comercio, más negocios, más crecimiento económico, éste es segmentado y discriminador. El proceso de gestión que conduce a la excelencia no sólo es discontinuo, es también arbitrario y excluyente.

La Roja podría ser de todos, como si fuera una verdadera representación de un país de oportunidades e integración. Pero es publicidad y todo tipo de oportunismos aledaños. Es fútbol, es espectáculo, pero también es un negocio, cuyo espíritu, que es el lucro, no lo diferencia de muchos otros negocios. Es un complejo servicio de consumo masivo, un negocio de los afectos e integración, en tiempos de soledades y desintegración. Pero especialmente en tiempos de pérdida de identidad y otras referencias elementales.

Qué más quisiéramos que la Roja fuera una realidad. Pero en el Chile neoliberal, en el Chile privado, privatizado y mercantilizado, en el país de todas las modernidades, de la alta gestión, de los tratados comerciales, en el país que juega en “las grandes ligas” (la cita futbolística no es nuestra, sino data de algunos de los gobiernos de la Concertación), lo que no es negocio no existe. El resto es invención, ilusión, deseo, aspiración. Es espectáculo, publicidad y medios de comunicación. Y si algo más hay, queda fuera, como despojo.

(Publicado en “Punto Final”, edición 713, 9 de julio, 2010)

www.puntofinal.cl


Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=109439

9.6.10

La internacionalización de la amazonía

La internacionalización de la amazonía


Declaraciones de Cristovão “Chico” Buarque.
Comentarios de Pocho Morales


No todos los días un latino, en este caso un brasileño, le da una buena respuesta y educadísima bofetada a los estadounidenses. Durante un debate en una universidad de Estados Unidos, le preguntaron al ex gobernador del Distrito Federal y actual Ministro de Educación de Brasil, CRSTIVÃO “CHICO” BUARQUE, qué pensaba sobre la internacionalización de la Amazonía. Un estadounidense en las Naciones Unidas introdujo su pregunta, diciendo que esperaba la respuesta de un humanista, no de un brasileño.


Ésta fue la respuesta del Sr. Cristivão Buarque:



“Realmente como brasileño, sólo hablaría en contra de la internacionalización de la Amazonía. Por más que nuestros gobiernos no cuiden debidamente ese patrimonio, él es nuestro. Como humanista, sintiendo el riesgo de la degradación ambiental que sufre la Amazonía, puedo imaginar su internacionalización, como también de todo lo demás, que es de suma importancia para la humanidad.
Si la Amazonía, desde la ética humanista, debe ser internacionalizada, internacionalicemos también las reservas de petróleo del mundo entero.
El petróleo es tan importante para el bienestar de la humanidad como la Amazonía para nuestro futuro. A pesar de eso, los dueños de las reservas creen tener el derecho de aumentar o disminuir la extracción del petróleo y subir o no su precio.
De la misma forma, el capital financiero de los países ricos debería ser internacionalizado. Si la Amazonía es una reserva para todos los seres humanos, no se debería quemar solamente por voluntad de un dueño o de un país. Quemar la Amazonía es tan grave como el desempleo provocado por las decisiones arbitrarias de los especuladores globales. No podemos permitir que las reservas financieras sirvan para quemar países enteros en la voluptuosidad de la especulación.
También antes que la Amazonía, me gustaría ver la internacionalización de los grandes museos del mundo. El Louvre no debe pertenecer sólo a Francia. Cada museo del mundo es el guardián de las piezas más bellas producidas por el genio humano. No se puede dejar que ese patrimonio cultural, como lo es el patrimonio natural amazónico, sea manipulado y destruido por el sólo placer de un propietario o de un país. No hace mucho tiempo, un millonario japonés decidió enterrar, junto con él, un cuadro de un gran maestro. Por el contrario, ese cuadro tendría que haber sido internacionalizado.
Durante ese encuentro, las Naciones Unidas estuvo realizando el Foro Del Milenio, pero algunos presidentes de países tuvieron dificultades para participar, debido a situaciones desagradables surgidas en la frontera de los EE.UU. Por eso, creo que Nueva York como sede de las Naciones Unidas, debe ser internacionalizada. Por lo menos Maniatan debería pertenecer a toda la humanidad. De la misma forma que París, Venecia, Roma, Londres, Río de Janeiro, Brasilia… cada ciudad, con su belleza específica, su historia del mundo, debería pertenecer al mundo entero.
Si EE.UU. quiere internacionalizar la Amazonía, para no correr el riesgo de dejarla en manos de los brasileños, peruanos, colombianos, ecuatorianos, bolivianos, etc., internacionalicemos todos los arsenales nucleares. Basta de pensar que ellos ya demostraron que son capaces de usar esas armas, provocando una destrucción miles de veces mayor que las lamentables quemas realizadas en los bosques de nuestra selva.
En sus discursos, los actuales candidatos a la presidencia de los Estados Unidos han defendido la idea de internacionalizar las reservas forestales del mundo a cambio de la deuda. Comencemos usando esa deuda para garantizar que cada niño del mundo tenga la posibilidad de comer y de ir a la escuela. Internacionalicemos a los niños, tratándolos a todos ellos sin importar el país donde nacieron, como patrimonio que merecen los cuidados del mundo entero.
Mucho más de lo que se merece la Amazonía. Cuando los dirigentes traten a los niños pobres del mundo como Patrimonio de la Humanidad, no permitirán que trabajen cuando deberían estudiar; que mueran cuando deberían vivir. Como humanista, acepto defender la internacionalización del mundo; pero, mientras el mundo me trate como brasileño, lucharé para que la Amazonía, sea nuestra. ¡Solamente nuestra!”

Observación: Este artículo fue publicado en el New York Times, Washington Post, Usa Today y en los mayores diarios de Europa y Japón.
Mientras que en Brasil y el resto de Latinoamérica, este artículo no fue publicado. Ayudenos a divulgarlo. Piensa en tu responsabilidad y compromiso con el medioambiente.

19.5.10

El mito del fundamentalismo del mercado libre

El mito del fundamentalismo del mercado libre
Dean Baker · · · · ·

11/04/10



“Deberíamos enterrar de una vez por todas el concepto de ‘fundamentalismo del mercado libre’. En este debate no hay fundamentalistas del mercado libre. Lo que hay son conservadores que quisieran que nos creyéramos que sus normas equivalen al natural funcionamiento del mercado. Los progresistas no deberíamos ponérselo tan fácil”.

Durante el último cuarto de siglo, los progresistas no han dejado de lanzar diatribas contra el “fundamentalismo del mercado libre”. Su principal queja se refiere a que los conservadores quieren eliminar el sector público y dejarlo todos en manos del mercado. Pero este planteamiento es un completo disparate.

La derecha tiene tanto interés como los progresistas en que el sector público se implique en la economía. La diferencia radica en que los conservadores quieren que el sector público intervenga de un modo que redistribuya el ingreso en provecho de los más pudientes. La otra diferencia está en que la derecha es lo suficientemente lista como para ocultar estas intervenciones, tratando de que parezca que las estructuras que redistribuyen el ingreso hacia los de arriba no son más que el resultado del funcionamiento natural del mercado. Los progresistas estamos favoreciendo la causa de los miembros de la derecha cuando les acusamos de ser unos “fundamentalistas del mercado”, dando por buena la idea de que los conservadores efectivamente desean una estructuración de la economía de acuerdo con su estado natural.

Este no es un problema que tenga que ver simplemente con el punto de vista o el enfoque que se dé al problema; aunque no cabe duda de que el enfoque también importa. En el caso concreto de la cultura política estadounidense, unos resultados económicos que parezcan ser el producto del funcionamiento natural del mercado pueden resultar más atractivos que las supuestas maquinaciones de unos burócratas gubernamentales. Si calificamos las posiciones de la derecha como simplemente consistentes en dejar que el mercado siga su curso natural, entonces lo que hacemos es colocar a las políticas públicas progresistas en una posición de gran desventaja política.

La confusión provocada por esta guerra erróneamente encauzada contra el fundamentalismo del mercado sobre el diseño de las políticas públicas es aún más grave que el daño político que provoca. Los progresistas no tenemos que ver al sector público como el instrumento para modificar los resultados del mercado. Lo que tenemos que entender es que, al igual que nuestros oponentes conservadores, debemos buscar formas de estructurar las normas que regulan el mercado para que los mercados produzcan resultados deseables desde una perspectiva progresista.

El rescate del sector financiero ha constituido la más obvia intervención reciente del sector público para redistribuir el ingreso hacia los más ricos. Cuando a finales del año 2008 Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley y el resto de grupos financieros se veían abocados a una quiebra irremisible, en ningún momento se enrocaron exigiendo que el sector público les dejara solos. No, esos gigantes financieros pordiosearon para que la administración pública les prestara dinero a tipos de interés inferiores a los del mercado y para que garantizara sus activos. Entidades como Goldman Sachs incluso insistieron en que el sector público debía participar en el aval de las deudas de sus socios en la quiebra bancaria, como en el caso de AIG.

La desregulación también aumenta la rentabilidad, y nada tiene que ver con el libre mercado. En otras palabras, lo que el sector financiero quiere es que la administración pública les proporcione “garantías” a través de la Reserva Federal, del Fondo Federal de Garantía de Depósitos y de los múltiples canales establecidos ad hoc, pero lo que en modo alguno quiere es tener que pagar por ello. Y tampoco quiere que este sistema de garantías tenga restricción alguna. En efecto, lo que el sector financiero quiere es poder gestionar una empresa de fabricación de explosivos que esté ubicada fuera de su domicilio y tener que pagar por ella la misma prima de seguro residencial que pagaría cualquier vivienda normal. A esto no se le puede llamar libre mercado.

Las demandas del sector financiero sobre el sector público no son cualitativamente distintas de las que realizan otros sectores en el proceder de las intervenciones públicas en punto a estructurar el mercado. Para poner otro ejemplo, la administración pública otorga monopolios de patentes a las empresas farmacéuticas que permiten a éstas fijar el precio de los medicamentos a unos niveles que superan en porcentajes de varios cientos –o incluso miles– los precios que estos medicamentos tendrían en un mercado competitivo. Como resultado de la protección de las patentes, muchos medicamentos se venden a precios de cientos o miles de dólares por receta cuando, de venderse en un mercado competitivo, la mayoría podrían adquirirse a precios de 4 o 5 dólares por la misma receta.

Los monopolios de patentes tienen una importante función económica (ofrecen un incentivo para la investigación para la obtención de nuevos medicamentos), pero es evidente que no son el único medio disponible para financiar la investigación y desarrollo. Cada año, el sector público destina más de 30.000 millones de dólares en la financiación de la investigación biomédica a través de los Institutos Nacionales de Salud, un monto comparable a lo que el conjunto del sector destina a investigación. En principio, podríamos reemplazar la investigación financiada por el sector farmacéutico a través de la inversión pública directa en investigación. O, como ha sugerido el premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz, la investigación podría seguir realizándose como hasta ahora, pero podrían comprarse las nuevas patentes mediante un sistema de evaluación. De acuerdo con este sistema, un comité fijaría los precios de las nuevas patentes y pagaría estas cantidades a los titulares de las patentes. Esto permitiría que los medicamentos basados en nuevas patentes pudieran venderse como genéricos en un mercado competitivo.

Podemos discutir mucho acerca de si estos mecanismos constituyen alternativas mejores al sistema actual en punto a fomentar la investigación de nuevos medicamentos que son necesarios, pero lo que está fuera de toda duda es que el sistema de patentes no es de libre mercado y de que no es esencial para financiar la investigación en nuevos medicamentos. Quienes defienden las patentes sobre medicamentos no pueden decir que están promoviendo un mercado libre.

La realidad es que en todo esto hay mucho dinero en juego. En el último año, el país gastó más de 250.000 millones de dólares en medicamentos con receta médica. En un mercado competitivo el precio aproximado de estas mismas recetas habría sido de unos 25.000 millones de dólares. La diferencia de 200.000 millones de dólares daría para cubrir los gastos de programas como el de los cupones para alimentos, el programa estatal de seguros médicos infantiles (SCHIP, en inglés) o el programa Head Start para servicios de educación, salud y nutrición de niños y familias pobres.

Además, el auténtico pozo sin fondo en el que se ha convertido este sistema monopolista de patentes tiene claros visos de seguir profundizando esa dinámica de gasto a gran velocidad. Los gastos por recetas médicas constituyen el factor de crecimiento más acelerado de todos los costes relativos al sistema de salud. Está previsto que en 2019 el país gaste casi 500.000 millones de dólares en medicamentos con receta médica. Durante la próxima década, se prevé que los gastos sobrepasen los 3’5 billones de dólares, con un exceso de reembolsos a la industria farmacéutica cifrable en unos 3 billones de dólares, una cantidad que supondrá más del triple de lo que se gastará en la reforma sanitaria propuesta por el Congreso de Estados Unidos.

Algo similar puede contarse acerca de los derechos de autor. Bill Gates es un hombre increíblemente rico porque el gobierno de Estados Unidos le ha cedido el monopolio sobre Windows, amenazando con sancionar o arrestar a cualquier persona que lo venda o done sin el permiso de Gates. Sin el monopolio creado por la protección de los derechos de autor cualquiera en cualquier lugar del mundo podría bajarse instantáneamente los programas de Microsoft sin coste alguno. Al igual que las patentes sobre medicamentos, los derechos de autor tienen una importante función económica. Constituyen un incentivo para el trabajo creativo y de innovación, como el de desarrollar nuevos y mejores programas informáticos o producir buenas películas y música, aun cuando también disponemos de mecanismo alternativos para promover este tipo de trabajos y desarrollar otros nuevos.

Los monopolios sobre derechos de autor conducen a una enorme transferencia de ingresos hacia las empresas de entretenimiento y de elaboración de programas informáticos. Microsoft por sí sola se embolsa más de 60.000 millones de dólares anuales, la mayor parte de los cuales no habrían sido posibles de no existir la protección de los derechos de autor. La asociación que agrupa a las sociedades del sector sostiene que, en conjunto, las empresas de derechos de autor suponen un 6’6% del Producto Interior Bruto. Esta cantidad equivale a más de un tercio de los ingresos impositivos recaudados por el gobierno federal.

Podría hacer una lista mucho más extensa de mecanismos y beneficiarios, pero el núcleo del asunto está bien claro. La idea de que un “mercado libre” permite que algunas personas se conviertan en inmensamente ricas y es la causa de que otras sean pobres o estén en una situación financieramente expuesta es un disparate. La distribución del ingreso está determinada por políticas públicas que favorecen a ciertos grupos y perjudican seriamente a otros. Si los progresistas aceptamos las estructuras que los conservadores han institucionalizado como algo llamado “mercado libre” y luego tratamos de utilizar los impuestos y las políticas de transferencia de recursos para reconducir las desigualdades, entonces nosotros mismos nos habremos metido en un callejón sin salida.

En lugar de esto, debemos centrarnos en modificar las reglas que redistribuyen el ingreso a favor de los más pudientes. Hay distintas formas de reestructurar los mercados. Debemos ser al menos tan oportunistas y creativos como la derecha en la elaboración de normas que a la vez produzcan resultados eficientes y conduzcan a mejores distribuciones en el ingreso.

La ley de reforma de la sanidad ilustra la necesidad de cambiar el enfoque del asunto. Se trata de un buen intento para tratar de conseguir el objetivo de extender la cobertura a la mayoría de los que aún no tienen seguro médico. Sin embargo, contribuye muy poco a atajar el problema del desmedido aumento de los costes. Como resultado, lo que habremos creado será un sistema que sabemos que será insostenible a largo plazo. La idea de que en futuras décadas de algún modo podremos apuntalar el sistema mediante impuestos progresivos no tiene ningún sentido. Se puede afirmar con casi total certeza que será políticamente imposible aumentar lo suficiente los impuestos hasta lograr cubrir los costes del sector público sanitario. De modo que cabe la posibilidad de que tengamos que restringir y/o disminuir la calidad de las prestaciones sanitarias, o bien cargar con fuertes impuestos a las clases medias.

La ruta alternativa consistiría en atacar directamente la estructura del sistema público de salud que conduce a unos costes tan excesivos. En este contexto, es importante recordar que los estadounidenses pagamos por la atención sanitaria más del doble por persona de lo que pagan los ciudadanos de otros países ricos. Como señalan innumerables estudios, las causas de estos mayores costes no son atribuibles a una mayor calidad o a un mayor volumen de los servicios sanitarios, sino a los costes más elevados de los servicios que recibimos. Este asunto puede abordarse mediante la reforma de los mercados de estos servicios.

Regresemos al asunto de los medicamentos. Se mire por donde se mire, el actual sistema conlleva enormes ineficiencias y nos aboca a optar entre alternativas que a menudo son un sinsentido; sin embargo, podrían erradicarse estas disfunciones si se racionalizara el sistema de financiación de la investigación sobre medicamentos.

Tomemos el caso de una mujer de 80 años con buena salud que de repente desarrolla un cáncer. Supongamos que el único tratamiento que tiene alguna posibilidad de éxito requiera administrarle un nuevo fármaco producto de la bioingeniería que cuesta unos 250.000 dólares al año. ¿Debería el sector público estar dispuesto a correr con los gastos?

Siguiendo el trabajo que han realizado algunos filósofos morales, supongamos que, de no existir la protección de las patentes, el medicamento costara alrededor de 200 dólares anuales. Aunque la empresa farmacéutica hubiera destinado una gran cantidad de recursos a desarrollar el medicamento, éste es un dinero que no han tenido que sacar de su bolsillo. En realidad nosotros ya hemos pagado los costes de la investigación (generalmente a través de alguno de los mecanismos expuestos anteriormente). La cuestión importante radica en cuánto cuesta producir la siguiente dosis. En el supuesto de que el coste de las dosis de medicamento sea de 200 dólares al año, no será necesario discutir si hay que aplicar ese tratamiento.

Pero éste no es el único problema relativo al sistema de patentes. Cuando el sector público interviene para hinchar los precios artificialmente, está creando incentivos perversos inesperados. Como resultado de los enormes beneficios procedentes de estos fármacos, la industria farmacéutica gasta una cantidad ingente de recursos en publicidad. Esto promueve que se trate de buscar la buena disposición o incluso que se soborne a los doctores para que prescriban ciertos medicamentos. Lo cual conduce a realizar costosas campañas publicitarias dirigidas a los consumidores. También favorece que el sector farmacéutico compre a políticos para asegurarse de que el Medicare, el Medicaid y otros programas gubernamentales aceptarán pagar por esos medicamentos. Y, finalmente, todo esto ofrece a la industria un enorme incentivo para ocultar los resultados de las investigaciones que ponen en duda la efectividad y seguridad de estos medicamentos.

Los progresistas debemos poner sobre la mesa estos argumentos de “mercado libre” a la hora de discutir sobre el problema de la prescripción de medicamentos. Las enormes cantidades de dinero que están en juego ayudan a entender cuán escuálidos son en realidad planes recaudatorios asociados a la reforma sanitaria estadounidense, como el “Cadillac” [de impuestos sobre primas de seguros médicos de cantidades elevadas, n. del t.] o el del aumento de los gravámenes sobre los multimillonarios.

Del mismo modo, podríamos recurrir a alguna versión moderada de libre comercio en la asistencia sanitaria. Normalmente, la política comercial se ha utilizado explícitamente para que nuestros trabajadores manufactureros compitieran directamente con trabajadores que reciben bajos salarios de países en desarrollo. Los progresistas a menudo nos fijamos en la pérdida de puestos de trabajo industriales y la disminución de los salarios para los trabajadores poco calificados que esto conlleva en Estados Unidos como una evidencia de que el mercado libre no funciona. Esto es un tremendo error. Estos resultados no son más que lo que ya predijeron los modelos comerciales en caso de que se aplicaran este tipo de políticas en Estados Unidos. Lo sorprendente es que hubiesen dado lugar a algún otro tipo de resultado.

Sin embargo, es posible diseñar políticas de “libre mercado” que den lugar a resultados diferentes. En el caso de la asistencia sanitaria, podríamos empezar por permitir que los beneficiarios del sistema Medicare realizaran compras en sistemas sanitarios de otros países ricos. Puesto que los costes sanitarios son más bajos en Alemania, Canadá y muchos otros lugares, en el caso de que los beneficiarios optaran por trasladarse a otro país para recibir tratamiento se producirían cuantiosos ahorros que podrían compartir el sector público estadounidense y los beneficiarios. Recientemente hemos realizado cálculos que muestran que en unas pocas décadas los ahorros obtenidos serían de decenas de miles de dólares anuales por persona. Esto sería así aún después de calcular la substancial prima que habría que abonar a terceros países por tratar a los pacientes de más edad, garantizando así que también esos países saldrían beneficiados del proceso.

De hecho, puesto que estos países recibirían bonificaciones por los costes de los tratamientos, tales actividades incluso podrían llegar a ser una fuente de crecimiento para los mismos. Sea como fuere, de lo que no hay duda es de la gran diferencia existente entre los costes sanitarios relativos de estos países y los de Estados Unidos. Nuestro sector sanitario sólo sobrevive por las medidas proteccionistas extraordinarias que restringen la competencia extranjera. Es fácil imaginar mecanismos que permitirían que otros países pudieran proporcionar asistencia sanitaria a ciudadanos estadounidenses y utilizar estos beneficios para mejorar la asistencia a sus propias poblaciones. Una sistema con una especie de bono internacional Medicare podría permitir a los jubilados disfrutar de una mejor calidad de vida de la que jamás gozarán aquí, mientras a largo plazo también ahorrarían al sector público estadounidense decenas de billones de dólares del programa Medicare. Mediante una reducción de la demanda de asistencia sanitaria en Estados Unidos habría una presión a la baja sobre los costes médicos generales en el interior del país.

Hay otros caminos por los que el sector público puede promover el comercio en los servicios médicos. Por ejemplo, podría autorizar instalaciones en otros países que reunieran los estándares de calidad requeridos y también fijar normas generales sobre responsabilidad para asegurar que las personas que sean tratadas fuera del país tengan la cobertura legal adecuada en caso de malas prácticas médicas.

Puesto que existe un diferencial enorme entre la calidad de los servicios sanitarios europeos y los estadounidenses (por no mencionar el de centros sanitarios de alto nivel en países como India o Tailandia), es muy probable que hubiera una gran cantidad de pacientes dispuestos a ser tratados fuera del país, siempre y cuando se crearan las condiciones institucionales adecuadas.

Ni que decir tiene que la mejor opción sería la de reformar el sistema sanitario de Estados Unidos para que la gente no tuviera que abandonar el país para recibir una atención sanitaria decente. Pero si nosotros carecemos de la fuerza política suficiente para reformar el sistema interior (como obviamente es el caso), parece absurdo mantener aquí a los pacientes como rehenes de un sistema en quiebra. Cuando las fuerzas de la competencia mercantil hayan aplicado su magia estaremos en mejores condiciones para debatir sobre la reforma del sector sanitario en nuestro país.

Es harto más productivo hablar sobre las distintas opciones disponibles para sacar provecho de los mecanismos de mercado para reestructurar a fondo el sistema sanitario que tratar de ver cómo sacamos recursos de aquí y de allá mediante impuestos para mantener en pie unos años más un sistema sanitario quebrado. Puede aplicarse el mismo enfoque a casi todos los problemas sociales. Podemos y debemos reclamar una fiscalidad progresiva, pero aún es mejor cambiar las estructuras institucionales que conducen a una desigualdad flagrante.

Los presidentes de empresas de Estados Unidos han recibido pagos de decenas de millones de dólares anuales porque nosotros hemos creado una estructura de gobierno corporativo que permite que los altos directivos saqueen las empresas que gestionan. Esta estructura de gobierno corporativo la creó la administración pública, en modo alguno se desarrolló en condiciones de libre mercado. Ningún otro país permite un pillaje semejante. Un cambio en las normas para que el control retorne a los accionistas no implica una interferencia del sector público en el mercado; simplemente se trata de la reforma de un sistema disfuncional. Tanto Europa como Japón tienen economías capitalistas dinámicas, pero no por ello sus altos ejecutivos empresariales tienen las descomunales compensaciones económicas de las que disfrutan los estadounidenses. Esto no ocurre porque allí tengan restricciones legales sobre los pagos, sino porque tienen estructuras de gobierno corporativo que no permiten que los altos ejecutivos se dediquen sin recato a la rapiña en sus propias empresas.

En la misma línea, aunque es deseable que los trabajadores menos calificados dispongan de contextos legales en los que haya salarios mínimos y otros ingresos directos de apoyo, es mucho mejor reestructurar los mercados en el sentido de que aumenten la demanda relativa de sus servicios. Por ejemplo, debemos insistir en que la Reserva Federal priorice que la tasa de desempleo disminuya en vez de fijarse sólo en aumentar los tipos de interés para evitar que suba la inflación. El antiguo presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan tomó esta opción en la década de 1990, facilitando así que hubiera el primer periodo de crecimiento sostenido del salario real de los trabajadores con salarios medios y bajos desde la década de 1960. Leyes que tuvieran más presentes las demandas sindicales, como serias penalizaciones civiles –o incluso criminales– contra empresarios que atentaran contra el derecho de sindicación de los trabajadores, también serían medidas que contribuirían a igualar la distribución de la renta.

También podemos aplicar algunos buenos principios de libre mercado a profesionales que reciben salarios altos, como doctores, abogados y economistas. Si se eliminaran restricciones profesionales e inmigratorias que protegen a los profesionales estadounidenses altamente calificados de la competencia extranjera, a buen seguro se reducirían los emolumentos que cobran los que se encuentran entre el 1% y el 2% de los que más cobran, disminuyendo así el coste de todos los servicios, desde la sanidad hasta la educación.

Hay una lista inacabable de políticas públicas que pueden alterar las normas para acercarse a un resultado más igualitario. Las normas por las que nos regimos hoy no nos han venido dadas ni por una deidad ni por la naturaleza, sino que han sido redactadas por los ricos y por poderosos grupos de interés que se benefician de las mismas.

Esta gente no son en absoluto fundamentalistas del libre mercado, ni se oponen tampoco a un sector público que funcione. Nadie que no sean ellos puede producir versiones mercantiles de los últimos fármacos de Pfizer o de los nuevos programas de Microsoft.

Incluso cuando ha habido gobiernos republicanos, el sector público ha puesto todo su empeño en llevar ante la justicia a quienes no respetaban las leyes relativas a patentes o derechos de autor. Los ricos quieren y esperan que haya un gobierno que haga cumplir las normas que protegen su riqueza y su poder. Les importan un comino los programas sociales públicos, pero eso es simplemente porque ellos no dependen de estos programas. Durante el paso del huracán Katrina no murió un solo rico.

La agenda progresista a largo plazo debe cambiar sus prioridades y dejar de fijarse tanto en las políticas impositivas y de transferencia de recursos para concentrarse en cambiar las normas que conducen a resultados indeseados en los mercados. Tenemos que ser tan agresivos y creativos como la derecha en punto a diseñar nuevas reglas que distribuyan los ingresos hacia los que menos tienen en vez de a los más pudientes. Y deberíamos enterrar de una vez por todas el concepto de “fundamentalismo del mercado libre”. En este debate no hay fundamentalistas del mercado libre. Lo que hay son conservadores que quisieran que nos creyéramos que sus normas equivalen al natural funcionamiento del mercado. Los progresistas no deberíamos ponérselo tan fácil.


Dean Baker es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR). Es autor de Plunder and Blunder: The Rise and Fall of the Bubble Economy y False Profits: Recoverying From the Bubble Economy.


Dissent, abril 2010