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15.7.09

Representantes del mundo indígena y campesino manifiestan su rechazo a proyecto que regula obtenciones vegetales

De como el Estado chileno le regala los alimentos del país a las grandes empresas (da lo mismo de donde sean…)


Representantes del mundo indígena y campesino manifiestan su rechazo a proyecto que regula obtenciones vegetales

Publicado el 15 de julio del 2009

El proyecto, que avanza hacia la protección de las nuevas especies vegetales producidas en el país a través de la biotecnología, recibió numerosas críticas de parte de Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas y la Asociación de Productores Orgánicos de Chiloé, quienes dijeron que la iniciativa pone en riesgo el patrimonio genético de nuestro país.

La iniciativa (boletín 6355) además busca atraer inversión extranjera, aumentar las exportaciones y expandir el sector agroalimentario. Su finalidad es la generación de un marco adecuado que estimule e incentive la producción de nuevos conocimientos y especies que constituyen la base para mantener y expandir la competitividad del sector agroalimentario.

Luis Olivares, de la Fundación “Con Todo” y la Asociación de Productores Orgánicos de Chiloé, manifestó su preocupación por la tramitación del proyecto “porque en el fondo estamos hablando de la soberanía alimentaria del país. La preocupación que tenemos es porque esta ley fundamentalmente defiende los derechos de las grandes empresas y corporaciones, que son las que tienen posibilidades de patentar estos recursos genéticos”.

Además, añadió que las grandes empresas actúan yendo a las comunidades campesinas e indígenas, y a partir de dos o más de estas variedades, crean una nueva variedad que es la que patentan “en circunstancias que las mismas comunidades campesinas indígenas son las que han protegido y mejorado estos recursos genéticos locales”, teniendo los agricultores posteriormente que pagar por su uso.

Francisca Rodríguez, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), también se mostró preocupada por el asunto debido a que “este proyecto es un atentado precisamente a esa agricultura campesina, y obedece a las necesidades que tienen principalmente los acuerdos comerciales, por eso venimos a plantear un problema de existencia del mundo campesino rural, que tiene que ver necesariamente con el derecho sagrado de la alimentación de nuestros pueblos”.

La representante del mundo campesino e indígena dijo que es importante que la gente entienda que la riqueza genética no sólo es baluarte del mundo campesino sino de todo el país. “Se nos va de las manos la producción originaria de nuestro país, más de 700 especies vegetales como el Boldo, el Quillay o el Avellano, ya han sido patentadas y eso es un hurto institucionalizado de nuestro material genético”, añadió.

Debido a la preocupación expresada por los invitados, el diputado radical y presidente de la Comisión, José Pérez, dijo que la instancia acordó quitar la suma urgencia al proyecto con la finalidad de discutirlo más a fondo. “Vamos a seguir analizando este tipo de planteamientos que se nos están haciendo y lo vamos a conversar con el Ministerio a objeto de que le demos tiempo al tiempo y que hagamos un proyecto mejor pensado”, agregó el parlamentario.
Por su parte, la diputada independiente, Alejandra Sepúlveda, dijo además que la Comisión también planteó la disposición de legislar a través de un nuevo proyecto de ley sobre el fortalecimiento y la protección del patrimonio ancestral, “a la vez que se continúa escuchando a la gente que trabaja permanentemente en este tema, como los pequeños agricultores que están trabajando con agricultura orgánica”.
Francisca Rodríguez, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), también se mostró preocupada por el asunto debido a que “este proyecto es un atentado precisamente a esa agricultura campesina, y obedece a las necesidades que tienen principalmente los acuerdos comerciales, por eso venimos a plantear un problema de existencia del mundo campesino rural, que tiene que ver necesariamente con el derecho sagrado de la alimentación de nuestros pueblos”.
La representante del mundo campesino e indígena dijo que es importante que la gente entienda que la riqueza genética no sólo es baluarte del mundo campesino sino de todo el país. “Se nos va de las manos la producción originaria de nuestro país, más de 700 especies vegetales como el Boldo, el Quillay o el Avellano, ya han sido patentadas y eso es un hurto institucionalizado de nuestro material genético”, añadió.
Debido a la preocupación expresada por los invitados, el diputado radical y presidente de la Comisión, José Pérez, dijo que la instancia acordó quitar la suma urgencia al proyecto con la finalidad de discutirlo más a fondo. “Vamos a seguir analizando este tipo de planteamientos que se nos están haciendo y lo vamos a conversar con el Ministerio a objeto de que le demos tiempo al tiempo y que hagamos un proyecto mejor pensado”, agregó el parlamentario.Por su parte, la diputada independiente, Alejandra Sepúlveda, dijo además que la Comisión también planteó la disposición de legislar a través de un nuevo proyecto de ley sobre el fortalecimiento y la protección del patrimonio ancestral, “a la vez que se continúa escuchando a la gente que trabaja permanentemente en este tema, como los pequeños agricultores que están trabajando con agricultura orgánica”.

29.4.09

Expertos alertan sobre guerra biológica y negocio de Donald Rumsfeld con la "gripe porcina"

29-04-2009

Expertos alertan sobre guerra biológica y negocio de Donald Rumsfeld con la "gripe porcina"

Pacífica/Yvke


El informativo Pacífica entrevistó a distintos expertos en Estados Unidos y México, que alertan sobre la elaboración de armas químicas en los laboratorios del Pentágono y los millonarios beneficios para las transnacionales farmacéuticas. En este caso, para los laboratorios Gilead Sciences Inc. dirigidos por Donald Rumsfeld, que tienen los derechos sobre el fármaco "Tamiflu", que se está vendiendo como remedio para la gripe y que ya hizo una recaudación billonaria con la gripe aviar.

Un revelador trabajo de investigación del Informativo Pacífica, elaborado por el colectivo periodístico con base en California Pueblos Sin Fronteras, plantea varias interrogantes que los medios hegemónicos de comunicación han obviado, en su afán por generar terror entre la población.

¿Cuál es el origen del nuevo virus que ya ha matado a más de cien personas en México? ¿A quién beneficia esta epidemia? ¿Qué otras noticias está sepultando? ¿Para qué se está utilizando la emergencia en México?

El reporte de Fernando Velázquez menciona un artículo de la investigadora Lori Price en el sitio web Globalresearch.ca , titulado "La gripe acaba con los memos de la tortura", en el que ésta señala que la influenza porcina, fabricada probablemente en laboratorios militares de Estados Unidos, ha acabado con la noticia de los memos sobre la tortura ordenada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra prisioneros en Guantánamo, Abu Ghraib, y cárceles secretas.

El artículo mencionado señala que un investigador de biodefensa indonesio declaró el año pasado que Estados Unidos ya podía fabricar armas biológicas en el laboratorio de Los Álamos, usando muestras de la gripe aviar enviadas por Indonesia a la Organización Mundial de la Salud. Detalles sobre el tema aparecen en el libro "Es tiempo de que cambie el mundo: manos divinas detrás de la gripe aviar", escrito por el ministro de Salud indonesio.

Lori Price subraya que la actual histeria provocada por el virus porcino podría dar grandes ganancias a Donald Rumsfeld. El ex secretario de Defensa de Bush es directivo desde hace 20 años del laboratorio Gilead Sciences, Inc. la firma con sede en California que fabrica y tiene los derechos de "Tamiflu", el supuesto remedio contra la influenza que aterroriza al mundo.

Fernando Velázquez también entrevistó para su reporte al periodista Ralph Schoenman, productor del programa radial "Taking Aim" (Apuntando) que se transmite en la emisora WBAI de Nueva York. Schoenman afirma que los laboratorios militarizados a lo largo de Estados Unidos han estado perfeccionando armas biológicas con los virus porcino, aviar, el asiático y otras enfermedades para las que no hay respuesta inmunológica.

"En laboratorios de nivel 4 y 5 en todo el país las enfermedades más virulentas han sido alteradas de tal forma que no hay defensa contra ellas, y han sido arrojadas en varias partes del mundo. Se han dispersado en África, y han sido monitoreadas por militares estadounidenses", afirma Schoenman.

Velázquez también menciona en su reporte el libro "Clouds of Secrecy" (Nubes de secretos), del profesor de políticas de Salud Pública Leonard Cole, quien documenta que por 40 años el Pentágono ha estado esparciendo billones de bacilos I en el metro de Nueva York, en las escuelas públicas de Minneapolis y Saint Louis y, en particular, en la bahía de San Francisco. En esa ciudad, los efectos fueron un incremento en un 10% de meningitis de la espina dorsal. El número de personas impactadas por el bacilo I asciende a 10 millones.

Velázquez recuerda el libro "Matando la esperanza", donde William Bloom describe que en 1971 la central de inteligencia proveyó a exiliados cubanos con un virus que causa fiebre porcina africana. Seis semanas después, un brote de la enfermedad obligó al gobierno cubano a sacrificar a medio millón de puercos. Diez años después la población fue atacada por una epidemia de dengue transmitida por mosquitos, que se extendió por la isla enfermando a más de 300 mil personas y matando a 158 (de los que más de un centenar eran niños menores de 15 años).

Reporta también Fernando Velázquez que documentos desclasificados en 1956 y 1958 revelan que el ejército estadounidense crió grandes cantidades de mosquitos en La Florida y en Georgia para ver si los insectos podían ser usados como armas diseminando enfermedades, y que en 1969 más de 500 estudiantes de 36 países se graduaron en cursos sobre guerra epidemiológica en la escuela de química del ejército en Fort McClellan en Alabama.

16.4.09

Biotecnología y bioseguridad

Biotecnología y bioseguridad

Como aplicación tecnológica de sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos, la biotecnología implica consideraciones variadas. Desde el punto de vista ético, por supuesto, pero sobre todo el desarrollo biotecnológico ha alertado a quienes consideran que constituye una amenaza al mantenimiento de la biodiversidad y los recursos naturales.

Sus defensores, entre quienes se incluyen corporaciones internacionales y varios países desarrollados encabezados por Estados Unidos, sostienen que la aplicación de la biotecnología permite mejorar la oferta de alimentos a nivel mundial y promover la agricultura sustentable en beneficio del medio ambiente.

También argumentan que la biotecnología permite limpiar residuos peligrosos de una manera más eficiente, y prevenir la contaminación mediante el tratamiento de los residuos antes de liberarlos al medio ambiente. La biotecnología, según sus detractores, también es una amenaza a la seguridad mundial porque permite desarrollar armas químicas y biológicas.

Cada vez se liberan con mayor frecuencia organismos genéticamente manipulados (OGM) en países del Sur, muchos de los cuales carecen de legislación que regule el manejo y la utilización de la biotecnología y de la capacidad para controlar efectivamente el cumplimiento de las medidas y normas de seguridad.
En enero de 2000 se adoptó el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. Se trata del primer tratado internacional que reconoce los organismos modificados genéticamente (OMG) como una categoría separada de organismos que requiere un marco regulador específico. Aparte de establecer las bases de una legislación internacional sobre el movimiento transfronterizo de OMG, el Protocolo es importante por su reafirmación del "Principio de precaución", es decir, ante la ausencia de certidumbre científica, un país podría restringir la importación de OMG en función de sus efectos potenciales adversos.

El 13 de junio de 2003, Palau se convirtió en el país número 50 en ratificar el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, lo que significa que el mismo pudo finalmente entrar en vigor el 11 de setiembre de 2003.