“Una catástrofe para el pueblo, un negocio para los patrones”

Aanálisis del MIR sobre la situación de los trabajadores marzo-abril 2010

“Una catástrofe para el pueblo, un negocio para los patrones”

Analizando el Programa Laboral de Piñera previo al terremoto y al cambio de mando, dábamos cuenta de cómo las promesas populistas de la derecha llevaban consigo la profundización del neoliberalismo sobre la base de la flexibilidad laboral, las privatizaciones, la reducción del gasto social y el ataque a los derechos laborales. Dicho y hecho. Tal como Piñera y sus asesores lo anunciasen, el Programa de Gobierno no se ha corrido ni un punto, y la catástrofe natural que ha significado la perdida de cientos de vidas, la destrucción de miles de hogares y un enorme daño en general para el pueblo chileno, le ha brindado una valiosa oportunidad al gobierno para adelantar medidas que en otro contexto hubiesen producido un gran rechazo y para incluir dentro de las soluciones a los afectados algunas de las acciones que tenderán a empeorar aún más las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Crear un millón de empleos entre el 2009 y el 2014 se ha presentado como una de las grandes metas al alcanzar por el gobierno de Piñera. Para esto, antes del terremoto, ya se venían delineando los caminos para alcanzarla, entre los que se contaban una mayor flexibilidad laboral y el fin a la indemnización por años de servicio a cambio del fortalecimiento del seguro de desempleo. La lógica aquí es clara: favorecer al empresariado (con mayor flexibilidad, precariedad laboral y menores costos a la hora de despedir) y utilizar los recursos del Estado para paliar los desastres del modelo (aumentando el gasto estatal en seguros de desempleo). La modificación a la indemnización por años de servicio lo que permitiría es reducir los costos de los despidos, otorgándole la facultad al empresariado para despedir trabajadores u obligar a otros a jubilarse sin mayores costos, para luego recontratarlos o contratar a otros bajo mayores condiciones de explotación.
Estas medidas, lejos de amilanarse con el terremoto, cobraron aún mayor fuerza. Los patrones, haciendo uso del artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo, diseñado por José Piñera durante el régimen militar y que permite en situaciones de catástrofe despedir a trabajadores sin pagar ni el mes de aviso ni los años de servicio, no necesitaron de las reformas anteriormente mencionadas para comenzar a deshacerse de los trabajadores, sobretodo de los más antiguos, reduciendo los costos de los despidos.
No habían pasado ni días de la catástrofe y el dolor aún golpeaba fuertemente a las familias de la región del Bio Bio, cuando Versyluys despedía a 306 trabajadores bajo el articulo 159 Nº 6, lo mismo hacia Coinfa Limitada, ASMAR, pesqueras Landes, Paños Bio Bio, Termoeléctrica Colbun en Coronel, Forestal Santa Elena, Multivoice, sólo por nombrar algunas empresas de la región del Bio Bio, una de las más devastadas y con las ciudades con mayores índices de cesantía en el país. A los empresarios se suman los alcaldes, quienes viendo una buena oportunidad para minar el poder docente, procedieron al despido inmediato de miles de profesores a contrata a lo largo del país y a la reducción de horas de otro importante número. Cientos de empleadores de todo el país deben ser agregados a esta lista, no existiendo hasta el momento una cifra oficial de despidos bajo esta causal, aunque datos de la Dirección del Trabajo indican que serían al menos 8.758 sólo en el mes de marzo, concentrándose principalmente en Santiago y Concepción.
Buena parte de estas misma empresas, aprovechándose de la cesantía existente producto de la destrucción de los puestos de trabajo o de los despidos arbitrarios realizados, contratan o recontratan mano de obra con menores sueldos y mayores jornadas de trabajo, utilizando esta situación para obligar a quienes aun mantienen su empleo a que acepten reducciones de sueldos o extensión de las jornadas. De esta forma el terremoto ha sido una perfecta excusa para que los patrones se deshagan de los pagos por años de servicio y puedan adquirir mano de obra dispuesta aceptar una mayor explotación.
Junto a la ofensiva de los patrones nos encontramos con las medidas tomadas por el gobierno. Dando cuenta de la necesidad de crear empleos y teniendo en la mira el objetivo de la flexibilidad laboral, Piñera ha anunciado la creación de 60.000 nuevos empleos para las personas afectadas por el terremoto, entregando subsidios a las empresas que contraten mano de obra, las que aprovechándose de la necesidad de empleo contratarán con el sueldo mínimo y condiciones absolutamente precarias. A su vez, Piñera ha propuesto flexibilizar los requisitos para acceder al Fondo de Cesantía Solidario, pero al mismo tiempo, a través de la Ministra del Trabajo, ha iniciado la ofensiva respecto al fin de la indemnización por años de servicio.
Siguiendo con las promesas piñeristas, analizamos en el artículo anterior que para mantener un crecimiento promedio del PIB del 6% la solución pasaba por aumentar la productividad, produciendo más con menos, lo que en la práctica nos llevaba a una reforma al Estado en donde los ejes son la reducción del gasto fiscal, en términos de gasto en programas sociales y remuneraciones y empleos en el sector público, y una privatización encubierta de las empresas estatales o con alta participación del Estado (Codelco, Enap, Enami, entre otras), bajo la modalidad de las concesiones a privados y la venta de activos.
Otra vez, dicho y hecho. Utilizando como excusa la necesidad de enfocar todos los recursos estatales hacia la reconstrucción, Piñera ha anunciado la drástica reducción de gasto social y la postergación de una gran cantidad de programas que había dejado el anterior gobierno.
Al mismo tiempo, en medio de la conmoción por la catástrofe y como supuesta medida para financiar los gastos de la reconstrucción, Piñera anunció su intención de vender el 40% de participación que Codelco posee sobre la Empresa Eléctrica Norte Grande S.A. (Eldenor), con lo cual se iniciaría el camino que tiene por meta la privatización de Codelco. Siguiendo con las privatizaciones, el gobierno evalúa vender también los activos que posee sobre Aguas Andinas, donde Corfo posee un 35% de participación, Esval, con un 30% de participación, y Essbio, con un 43,4% de participación.
Pero el terremoto no sólo ha servido para desviar la atención respecto a estas intenciones privatizadoras, sino que también ha abierto una gran puerta para el ingreso y apoderamiento del sector público por parte del sector privado. Uno de los principales mecanismos planteados para reconstruir el país es la concesión a privados, la forma principal de “privatización encubierta”. Escuelas, hospitales, cárceles, carreteras, infraestructura pública serán concesionadas a empresas privadas, las cuales, gracias a la Ley de Concesiones, no sólo podrán levantar la infraestructura destruida o dañada, sino hacerse cargo de la administración de los establecimientos, lo que significaría el fin, por ejemplo, de la educación y la salud pública.
Los virajes tácticos en la Concertación
Frente a la derrota de la Concertación en las elecciones de enero, anticipábamos que la movilización social adquiriría un papel fundamental en tanto le permitiría a este conglomerado reformularse con un rostro progresista dentro de un proceso de acumulación de fuerzas en las bases sociales dentro de un eje de movilización social por la defensa de las “conquistas” logradas durante los gobiernos concertacionistas, entrampando al mismo tiempo reformas claves para el gobierno piñerista. Renovar su imagen, acumular fuerzas y frenar los avances del enemigo, eran parte de los objetivos de la movilización social a ser impulsada por la Concertación. Por lo cual la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el Colegio de Profesores, la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (CONFUSAM), la Federación de Estudiantes de Chile (FECH) y el CONFECH, entre otros, adquirirán un papel fundamental.
Hasta antes del terremoto la CUT y los gremios afines la Concertación (para este análisis incluimos al Partido Comunista dentro de la Concertación) comenzaban a mover sus fichas y un ambiente movilizador se hacía sentir. Reuniones entre personeros de la Concertación y dirigentes sindicales proclamando una “bancada social”, “convergencias para la lucha social” que tendrían expresiones en las calles el día de la mujer, el día del cambio de mando, el 28 de marzo con la conmemoración de los asesinatos de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Natino, anuncios de movilización por parte de la ANEF y el Colegio de Profesores anunciaban una táctica movilizadora para este año dentro de la estrategia para retornar al poder el 2014.
Sin embargo, tanto el terremoto como las configuraciones y fricciones internas dentro de la Concertación provocaron un cambio táctico en el marco de la coyuntura política de la catástrofe. Al darse cuenta del error político que significaría seguir con su plan movilizador, el que sería rechazado por todos los sectores al ir en contra de las necesidades propias de la catástrofe, los gremios manejados por la Concertación se colgaron rápidamente del “Gobierno de Unidad Nacional” proclamado por Piñera, haciéndose parte de los esfuerzos por reconstruir el país. El acuerdo entre la CUT y la Confederación de Producción y Comercio (CPC) en términos de trabajar juntos para levantar el empleo, el diálogo y acuerdo entre Lavín y el Colegio de Profesores, que pospuso el tema de la deuda histórica y calmo los ánimos movilizadores, y los acuerdos entre el mismo Lavín y el CONFECH, en donde el gremio estudiantil adoptó el compromiso de no movilizarse a cambio de todas las facilidades para desarrollar sus “trabajos voluntarios”, son ejemplos del cambio táctico adoptado por la Concertación en ese momento. Esto no sólo tenía el objetivo mediático de colocar a la CUT, al Colegio de Profesores o al Confech como entidades que eran capaces de “dejar de lado sus diferencias con el Gobierno” para enfrentar unidos los desafíos del terremoto, sino para desarrollar, en esta misma línea, una táctica de inserción política en las zonas afectadas. A través de la CUT, el Colegio de Profesores y la FECH, la reconstrucción tomo un carácter político con el claro objetivo de desarrollar bases de apoyo en esos sectores y perspectivar futuros dirigentes, utilizando de esta forma el sufrimiento del pueblo para pavimentar su retorno al poder.
Así, con los gremios enfocados en temas de reconstrucción y la Concertación con sus problemas internos, las grandiosas movilizaciones anunciadas pasaron sin pena ni gloria. Lo anterior para el caso de las movilizaciones anunciadas por la Concertación, ya que el pueblo, ese mismo pueblo devastado que veía como la CUT tomaba acuerdos con los representantes de los empresarios, comenzó a movilizarse de forma autónoma. Decenas de protestas comenzaron a levantarse en las regiones afectadas y, al mismo tiempo, el programa económico de Piñera comenzó a hacerse cada vez más notorio al igual que sus ataques a la clase trabajadora y al pueblo. Pequeños chispazos de movilizaciones comenzaron a darse y las bases controladas por estos gremios comenzaron a inquietarse, al igual que sus dirigencias quienes veían cómo se desarrollaban pequeñas movilizaciones sociales que escapaban a su control. Al mismo tiempo, el terremoto como hecho mediático fue perdiendo fuerza y la televisión volvió a llenarse de noticias sobre delincuencia y deportes.
Entendiendo esto, y viendo cumplida la primera fase de su inserción territorial a través de la “ayuda solidaria”, la Concertación y los gremios controlados por esta han comenzado un nuevo viraje táctico en el contexto del 1 de mayo. Al igual como Piñera ha al terremoto para legitimar su plan económico, los gremios concertacionistas comienzan a retomar tímidamente su estrategia movilizadora y el plan de lucha desarrollado, ahora matizado con las demandas propias de la catástrofe. La CUT se ha manifestado en contra del fin a la indemnización por años de servicio y ahora (después de mucho silencio) ha sacado la voz denunciando los despidos realizados bajo el artículo 159, retomando la agenda laboral para cambiar el Código del Trabajo y lograr un reajuste del 10% al salario mínimo, en compañía de los parlamentarios concertacionistas, en especial del PS. El Colegio de Profesores ahora saca la voz por la concesión de los establecimientos municipales, al igual que lo hace la Confusam. Y la FECH, luego de gastar la mayoría de sus recursos en hacer trabajo político en las zonas afectadas, empieza tímidamente a criticar las propuestas de Lavín para ayudar a los estudiantes afectados, obligados en parte por pequeñas articulaciones que comienzan a darse en el movimiento estudiantil de manera autónoma al CONFECH.
Así, la Concertación aun dentro de su desorden, ha aprovechado de manera oportunista el sufrimiento del pueblo chileno, primero utilizando con fines políticos la ayuda inmediata a las zonas afectadas, y luego utilizando las movilizaciones de los más afectados para retomar su estrategia de presión y de cooptación de las movilizaciones y del malestar social.
El panorama de los trabajadores
La postura adoptada por la CUT, las privatizaciones que comienzan a plantearse como parte del Programa de Reconstrucción de Piñera, los despidos injustificados y los ataques a los derechos a la clase trabajadora, han provocado la reactivación de muchos sectores que se encontraban dormidos o a la espera y la articulación de otros. Luego del terremoto y de su impacto, la calma inicial aparente comienza a desaparecer. Tanto los gremios manejados por la Concertación, aquellos que reciben su influencia, como aquellos que desarrollan sus luchas de forma autónoma, comienzan a retomar la dinámica que venían desarrollando antes de la catástrofe, aunque con el claro impacto de ella; veamos algunos casos ilustrativos de lo que está sucediendo a grandes rasgos con la lucha de los trabajadores.
Ya antes de la asunción de Piñera, la presidencia la ANEF mostraba su preocupación por un posible despido masivo de empleados públicos ligados (y no ligados también) a la Concertación y una precarización de sus condiciones laborales producto de las modificaciones que Piñera ha anunciado para el sector. La ANEF ha denunciado el despido de más de 500 funcionados públicos no vinculados a cargos políticos, lo que afecta principalmente a trabajadores a contrata y honorarios. Los trabajadores en esta condición equivalen al 60% del total, cuando por ley sólo deberían existir un 20% en esta condición y el resto ser trabajadores de planta, sin embargo, durante los gobiernos de la Concertación nunca se quiso regularizar esta situación. Frente a esta realidad, y a los posibles despidos que se produzcan al asumir nuevas autoridades en regiones y provincias, la ANEF ha anunciado acciones en la Contraloría e iniciar las movilizaciones si es que no hay soluciones. Siguiendo en la línea de los despidos en el sector público, la Asociación Nacional de Funcionarios del Consejo de la Cultura, ANFUCULTURA, se encuentran movilizados (apoyados por la ANEF) por los despidos realizados por el Ministro Luciano Cruz-Coke y las condiciones de precariedad que afectan al sector; por su parte, la Asociación Nacional de Funcionarios del Fosis se ha declarado en estado de alerta luego de que el Mideplan le pidiese al director nacional de Fosis su renuncia, pese a que el gobierno se había comprometido a mantenerlo en su cargo debido a que había sido designado mediante un concurso de Alta Dirección Pública. Despidos también amenazan a los trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, quienes han denunciado que ya van 20 despidos injustificados y se esperan unos 300, ante lo cual se encuentran en discusiones para iniciar la paralización del servicio de trenes. Siguiendo en el sector público, los trabajadores de la Empresa de Aeronáutica de Chile (ENAER), se encuentran movilizados con el objetivo de lograr un reajuste salarial de 4,5% que les corresponde en tanto trabajadores del sector público. Junto con esto, Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas ha manifestado su rechazo a las declaraciones de Andrés Allamand y de la Editorial de La Segunda que llaman a cerrar el Diario La Nación, lo que o sólo afectaría a los trabajadores de este medio sino que atacarían la libertad de expresión.
Para solucionar el problema de la infraestructura en salud destruida por el terremoto, Piñera anunció la construcción de 20 hospitales mediante el mecanismo de la concesión a privados, entre los que se cuentan los hospitales Barros Luco Trudeau y Exequiel González Cortés. Esto provocó un inmediato rechazo de la Federación Nacional de Profesionales de la Salud del Barros Luco quienes anunciaron el comienzo de las manifestaciones. De igual forma la Federación de Funcionarios de la Salud denunció un aprovechamiento del gobierno de la situación de catástrofe para privatizar la salud pública, en tanto Esteban Maturana, consejero de Salud de la CUT y miembro de la CONFUSAM, convocó a todos los trabajadores de la salud a manifestarse contra la privatización del sector y a salir a las calles el 1 de mayo.
Otros sectores que se encuentran atentos frente a las posibles privatizaciones son el Colegio de Profesores y los sindicatos del cobre. Los primeros ya han hecho público su rechazo a la concesión de establecimientos educativos como medida de reconstrucción y se han puesto en alerta frente a los avances que tiene en el legislativo la Ley de Superintendencia y Agencia de la Calidad de la Educación. Por su parte, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), la Federación de Sindicatos de Supervisores y Profesionales de Codelco (FESUC) y la Federación Minera de Chile, entre otros, ante la posible venta de la participación de Codelco en Eldenor, han seguido la línea de defender un Codelo 100% estatal, rechazando la privatización y denunciando posibles próximas privatizaciones, como la que podría suceder con el yacimiento de cobre El Abra, en donde Codelco posee un 49% de participación.
En tanto, diversos sindicatos siguen en movilizaciones o en procesos de negociación colectiva. Se han manifestado los sindicatos de Coca Cola en Rancagua, los trabajadores de termoeléctrica Patache, los trabajadores del sindicato Nº2 astillero Marco Chilena, los trabajadores de Tottus Mall, los trabajadores contratistas de Movistar, los trabajadores de la empresa contratista CLP, entre otros. Demostrando que la lucha por los derechos de los trabajadores no cesa.
Los efectos ahora visibles del Plan Económico de Piñera, expresado en despidos, privatizaciones encubiertas, y el viraje táctico de la CUT han reactivado a algunos sectores en las cercanías del 1 de mayo. Sin embargo, una serie de movilizaciones se han venido dando desde antes de este proceso. Las necesidades derivadas de la catástrofe, la ausencia de ayuda real y concreta de parte de los gobiernos, la destrucción de puestos de trabajo, el problema de vivienda y de subsistencia, los despidos abusivos realizados por los patrones, entre muchos otros factores, provocaron una oleada de protestas en las zonas más afectadas, especialmente en el Gran Concepción. A pesar del Estado de sitio imperante, los trabajadores no dudaron en salir a las calles. El acceso al Puerto de Talcahuano fue cortado por los trabajadores en San Vicente, lo mismo sucedió con el ingreso a la termoeléctrica Bocamina II en Coronel, profesores de Huelpen protestaron frente al municipio rechazando los despidos y las bajas en los sueldos, en Los Álamos los trabajadores de la forestal Santa Elena se tomaron las instalaciones cuando esta se declaró en quiebra, los profesores de Penco se movilizaron contra los descuentos salariales, pobladores y trabajadores de Dichato cortaron la ruta a Tome producto de las demoras en la construcción de medias aguas, los deudores habitaciones del Gran Concepción protestaron frente a la gobernación exigiendo la condonación de sus deudas, los trabajadores despedidos de Versyluys protestaron en San Pedro, sólo por nombrar algunas movilizaciones que se han dado y que seguirán dándose. Frente a la ineficaz ayuda gubernamental y a una dirigencia de la CUT más preocupada de obtener réditos políticos de la catástrofe, ha sido la organización y movilización independiente de pobladores y trabajadores la que se ha levantado para hacer frente a la catástrofe.
En el sector pesquero, miles de familias de pescadores artesanales han perdido sus fuentes laborales, los trabajadores de empresas pesqueras están siendo despedidos, al igual que los trabajadores portuarios. Del mismo modo, en el sector del salmón, el terremoto ha sido una perfecta excusa para realizar despidos producto del terremoto, a lo que hay que sumar el terremoto social que ha producido la aprobación de la nueva Ley de Pesca que terminó por privatizar el mar chileno. A la dura realidad de los trabajadores del salmón y a los miles de cesantes que ha dejado esta industria, hay que sumar la eliminación del Programa de Empleo para la Salmonicultura, Plan Salmón, en el que venían comprometidos $10 mil millones para generar trabajo y palear la enorme cesantía presente en la Región de los Lagos, así como un recorte del 17% del presupuesto regional, el que supuestamente irá a parar al Plan de Reconstrucción. Frente a esta situación que agrava aún más la miseria de los trabajadores sin empleo, se han anunciado movilizaciones de parte de trabajadores y sindicatos.
Otro de los sectores duramente afectados es del agro. Miles de familias de pequeños campesinos y temporeros han sido damnificadas o han visto destruidos sus bienes materiales y sus siembras. Han perdido sus frutas producto del terremoto, se han destruido los canales de regadío, el riego por goteo, han visto destruidas sus viviendas, no tiene dinero para alimentar a sus animales, puentes y caminos en mal estado, etc. Todos efectos de la catástrofe acentuados por las miserables condiciones de vida en la que se encontraba la gente del campo. Significando esto la pérdida del sustento familiar en el caso de los pequeños campesinos, la destrucción de sus fuentes de empleo y una mayor necesidad de trabajo, lo que será aprovechado por los patrones para aumentar las condiciones de explotación, de los temporeros.
El terremoto neoliberal de Piñera y su Programa Económico comienza afectar duramente al pueblo chileno, al igual que lo han hecho la catástrofe natural. Sin embargo, ha sido la ayuda solidaria de clase y la movilización activa la que comienzan a danos una luz de esperanza. Ha sido la ayuda brindada a las zonas devastadas por decenas de sindicatos de base, por estudiantes organizados, por las mismas comunidades afectadas, las que han ayudado a resolver por parte del mismo pueblo las necesidades inmediatas del pueblo afectado. Y ha sido la movilización y la presión de estos mismos afectados la que ha logrado poco a poco que las autoridades respondan y los recursos gubernamentales comiencen a llegar. Ayuda solidaria y movilización han sido los caminos para enfrentar la catástrofe natural y deben ser los mismos caminos que debemos tomar para enfrentar la catástrofe que Piñera pretende implementar para enriquecer aun más a los dueños del poder y la riqueza. Rechazar las privatizaciones, combatir el Programa Económico y el Plan Laboral de Piñera, fortalecer la organización de base de los trabajadores y la lucha autónoma por nuestros derechos son los caminos para hacer realidad en al ámbito de la lucha la consigna que los pobres y explotados del campo y la ciudad han levantado para hacer frente a la catástrofe y sus secuelas: Sólo el pueblo ayuda al pueblo.

LUCHANDO AVANZAN LOS TRABAJADORES

Danilo Neira


Por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR de Chile

http://www.chile-mir.org

Pronunciamiento del MIR respecto al terremoto del 27 de febrero en Chile

Que tal amigxs a continuación les presento un documento emitido por el MIR (Chile) (hace ya una dos semanas) respecto a la catástrofe producida por el terremoto y posterior maremoto, que se produjo en la zona centro sur del país. A pesar de tener varios días de emitido supongo que aun no pierde vigencia, ni siquiera en sus recomendaciones practicas. Es una buena muestra de lo que tienen que hacer lxs revolucionarixs en momentos como estos.

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A los trabajadores y al pueblo de Chile

A nuestros simpatizantes y colaboradores, al pueblo mirista

A nuestros militantes

Como ya se ha conocido en todo el mundo, la madrugada del sábado 27 de febrero se ha producido un terremoto en nuestro país, cuya magnitud se ha medido en un 8.8 según la escala Richter (destrucción total en comunidades cercanas). Este movimiento telúrico se ha convertido en uno de los más devastadores desde que se cuenta con registros mundiales, y ya la suma de personas fallecidas supera las 700 a lo largo del territorio nacional, no teniéndose siquiera un estimado real de cuántas personas se encuentran desaparecidas, principalmente en las zonas costeras de las regiones del Maule y Biobío, debido al maremoto que siguió al fuerte sismo.

El terremoto ha revelado de la manera más brutal, las cadenas de intereses relacionados de quienes participan del régimen político y económico dominante. A pesar de que creemos que lo que más se necesita en estos momentos son acciones concretas, por pequeñas que estas sean, de solidaridad con las personas, familias y comunidades más afectadas por el terremoto, consideramos igualmente necesario puntualizar lo siguiente:

1. Viejas carreteras y puentes de factura estatal han resistido el terremoto. Las nuevas autopistas del capital, no. Las autopistas privatizadas durante los gobiernos de la Concertación, propagandizadas como ejemplo de inversiones público-privadas, no resistieron un solo movimiento sísmico y están destruidas. A pesar de los millonarios subsidios estatales, a pesar de los negociados contractuales, a pesar de los cobros diarios a sus usuarios, se han venido abajo pasos sobre nivel, terraplenes, pasarelas peatonales y puentes, matando a varias personas e hiriendo muchas más, cortando al país e incomunicándolo por vía terrestre, dejando a miles de familias varadas y sin poder llegar donde sus seres queridos.

2. La DC, desde su feudo del Ministerio de Vivienda, dejó tal estela de escándalos, corrupción y negligencias en la edificación de viviendas sociales, que la Concertación terminó privatizando la política de vivienda social, y ahora, con el terremoto, conjuntos de vivienda social están siendo desalojados en distintos puntos del país por peligrosos y aparecen las consecuencias de la fiebre especulativa de las nuevas construcciones de las inmobiliarias, subsidiadas directa e indirectamente por las políticas gubernamentales, y que han permitido el enriquecimiento de connotadas figuras de la Concertación y la Derecha: Conjuntos habitacionales completos para las clases medias, están con graves problemas estructurales y a punto de derrumbarse, o ya se han venido abajo como una torre de 15 pisos en Concepción, matando o dejando atrapados a más de un centenar de sus moradores. Y es que en el capitalismo inmobiliario el negocio no es construir, sino acumular capital, y para eso vale rebajar la calidad de la construcción, vale bajar la calidad de los materiales, vale falsear los informes técnicos y coimear a los fiscalizadores. Todo vale.

3. Importantes instituciones del Estado han funcionado lento y han funcionado mal.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) ha cometido una negligencia criminal al no saber interpretar su propio instrumental y entregar una información equivocada a la ONEMI respecto a la alerta de maremoto, dejando indefensas a las poblaciones costeras e insulares de nuestro país, que han sido las más golpeadas por esta catástrofe en términos de la cantidad de heridos, muertos, desaparecidos y damnificados, provocando en el gobierno una demora de casi 24 horas en reconocer la ocurrencia de un maremoto en las costas de Constitución, Iloca, Pelluhue, Curanipe, Talcahuano, Concepcion, Contulmo, Juan Fernández, etc., y por lo tanto, retardando el envío de auxilio a los sobrevivientes.
Por otra parte, a pesar de los años que el Estado de Chile ha financiado por distintas vías el desarrollo conjunto entre el Ejército y la ONEMI de la parafernalia del Sistema de Simulación para la Gestión y Entrenamiento de Situaciones de Emergencias (SIGEN, entonces a cargo del recién nombrado jefe militar de la Región del Maule, General Bosco Pesse Quappe,) y el Sistema de Entrenamiento de Gestión ante Situaciones de Emergencia (SEGIO), a pesar de las horas de ejercicios de simulación llevados a cabo en más de una oportunidad para desarrollar un modelo eficaz de intervención ante catástrofes, la lentitud y falta de coordinación entre el gobierno central (ONEMI) y entre las diversas instituciones del Estado, ha provocado que vastas zonas del país hayan quedado completamente aisladas, sin agua, sin electricidad, sin alimentos, sin elementos de abrigo e incluso ahora, sin combustibles, situación que se complica a medida que pasa el tiempo. A pesar de contar con todos los recursos financieros, materiales, humanos y legales, la ayuda no llega donde debe llegar: al pueblo. No se restituyen los servicios básicos y no se ha organizado la distribución de agua y alimentos a quienes los necesitan.

4. Con el correr de las horas, el terremoto muestra realmente a quienes afecta finalmente...a los pobres.
En la Región del Biobío, una de las más pobres del país, donde la cesantía llega al 10,4% de los trabajadores y donde la mayoría de quienes tienen empleos sólo alcanzan a salvar el día, sin agua potable, sin electricidad, sin alimentos, sin poder regresar a sus casas muchos de ellos y sin ropa de abrigo,
donde los especuladores de la miseria están vendiendo el pan a $3.500 pesos y el agua a $1.000 el litro, los pobladores se han dirigido a romper las barreras de acceso a supermercados para obtener los productos necesarios para sobrevivir o para vender o intercambiar por otros: agua, leche, pañales, harina, alimentos. Situaciones similares se han dado en la zona norte de la Región Metropolitana, en Renca, en Quilicura, en Conchalí.
Han sido las mujeres quienes han iniciado el movimiento, como tantas veces en nuestra historia: por sus hijos, por sus familias. Aunque algunas bandas de delincuentes han acudido organizadamente al saqueo de tiendas para lucrar en forma descarada con la situación desesperada del pueblo, la realidad es evidente: la ayuda del Estado no está llegando o lo está haciendo en forma insuficiente para cubrir las necesidades apremiantes del pueblo. El pueblo está respondiendo instintivamente y está recuperando lo que necesita para sobrevivir. No han perjudicado a pequeños propietarios y comerciantes, sino que se han dirigido directamente a los grandes supermercados y distribuidoras como Líder y Santa Isabel.
A las drásticas alzas de precios de 2008, producto de la mala gestión del gobierno; a la crisis de desempleo que generaron los malos manejos empresariales y gubernamentales, que afectaron a cerca de un millón de trabajadores y sus familias el 2009, se terminan de sumar ahora un terremoto y un maremoto, dejando a cerca de dos millones de familias afectadas directamente. En estas condiciones, nadie puede seguir esperando que el pueblo reaccione pasivamente.

5. Por esto, bastó que el pueblo recurriera a la acción directa buscando resolver sus necesidades vitales, para que los dueños del poder y la riqueza encendieran las luces de alarma.
Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Alcaldesa de Concepción, desde temprano solicitaba la intervención militar, al igual que el presidente electo, Sebastián Piñera. Más tarde, hasta el Palacio La Moneda llegaron el director de Supermercados del Sur, Gonzalo Dulanto, el gerente general de D&S Wal-Mart (Líder), Enrique Ostalé, Horst Paulmann, dueño de Cencosud (Jumbo) y un representante de Unimarc. Casi por arte de magia, el gobierno decidió decretar el Estado de Catástrofe, que es un estado de excepción que permite suspender garantías constitucionales y derechos fundamentales, sin necesidad de tener que recurrir a la aprobación del Congreso, a la vez que el Ministro de Defensa informó que serían movilizados 10.000 efectivos militares.
Aquellos recursos logísticos que por más de doce horas no estuvieron disponibles para las víctimas del terremoto, fueron liberados para proteger los intereses del empresariado y el "orden" dentro de los límites del centro de la ciudad de Concepción. Ningún militar será destinado a defender los pocos bienes de los pobres, a merced del lumpen en las poblaciones, o a reprimir a los especuladores.
El gobierno de Bachelet, de esta manera, no sólo termina siendo el más represivo de todos los gobiernos de la Concertación; no sólo termina siendo el gobierno que facilitó el regreso de la derecha al gobierno, sino que también termina entregando el control de las regiones del Maule y Biobío a los militares, e imponiendo el primer toque de queda desde el inicio de la transición a la democracia restringida, medida que regirá en principio en la Región del Bíobío, entre las 21:00 y 6:00 horas.
　
Frente a esta situación, los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) estamos completamente de acuerdo en la necesidad, legitimidad y justeza de que el pueblo abra las puertas de los supermercados, distribuidoras y grandes centros comerciales y recupere para sí los productos de primera necesidad que contribuyan a paliar en algo los efectos del terremoto que nuestro país ha sufrido. Donde nuestros militantes puedan ser parte activa de ese proceso, deben incorporarse a la brevedad.
Estamos de acuerdo con la actuación organizada y coordinada de los pobladores en la recuperación y distribución de agua, alimentos, vestimenta y elementos de abrigo en las regiones, zonas, comunas y localidades más afectadas por la catástrofe, pero no podemos estar de acuerdo en que grupos de delincuentes y especuladores intenten tomar control de los productos de primera necesidad y su valor. No podemos permitir que bandas organizadas lo tomen todo y no quede nada para el que en este momento perdió su casa y esta en la calle. La ley de la selva no puede reinar en las poblaciones pobres que han sido golpeadas duramente en nuestro país, y los militares no son quienes van a imponer el orden en ellas, porque ellos han llegado nuevamente a proteger solamente los intereses de las clases dominantes y el "orden público" de los dueños del poder y la riqueza.
Esa es una tarea que deben asumir los pobladores mismos.
Por esto, llamamos a las organizaciones revolucionarias, al conjunto de las organizaciones de la izquierda, a participar activamente en la organización de las poblaciones más golpeadas por el terremoto y prepararse frente a la falta de bienes de primera necesidad que comienza a visualizarse.
Llamamos a las organizaciones revolucionarias y al conjunto de las organizaciones de la izquierda a defender a la población, a combatir la especulación con las necesidades del pueblo y el aprovechamiento de bandas delictuales.
Llamamos a las organizaciones revolucionarias y al conjunto de las organizaciones de la izquierda, a contribuir, en la medida de sus posibilidades, al levantamiento de una plataforma de lucha de emergencia que permita articular las luchas y demandas de un amplio sector de trabajadores y pobladores.
　

¡Ante el desamparo del Gobierno Burgués, el pueblo a la Calle!

¡EXPROPIAR a los explotadores ES UN DERECHO POPULAR!

¡Los revolucionarios en Primera Fila en la recuperación y distribución de alimentos, agua potable, y vestimenta!

¡Es luchando como avanza el pueblo!


Moviemiento de Izquieda Revolucionaria

MIR de Chile
http://www.chile-mir.org
http://www.chile-mir.net

chilemir@gmail.com

Danilo Neira
28 de Febrero del 2010

POR BOLIVIA, POR CHILE, POR TODA LA AMERICA LATINA

A los trabajadores y al pueblo de Chile
A Nuestros Militantes, Simpatizantes, y Ayudistas.
A los trabajadores y al Pueblo de Bolivia, toda la America Latina
A nuestros militantes.

Frente a la crisis interna que se vive en Bolivia y a la reunión convocada en Chile por la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) en relación a este conflicto, nuestra organización declara en forma humilde y respetuosa lo siguiente:

Frente a la profunda crisis social, política y económica provocada por el capitalismo neoliberal en Bolivia, los trabajadores, campesinos, indígenas, pobladores y una relevante fracción de las clases medias de ese país, dieron lugar durante los últimos años, a un extenso y masivo proceso de movilización social, de oposición frontal a los gobiernos de la oligarquía.

El pueblo boliviano, organizado y movilizado, sacó a los sucesivos gobiernos neoliberales de Sánchez de Losada, de Quiroga y de Mesa. De entre los muchos líderes de ese movimiento, Evo Morales, dirigente campesino de la zona cocalera del Chapare, adquirió relevancia nacional y fue presentado por su organización política como candidato a presidente de su país, de acuerdo a las reglas electorales impuestas por las clases dominantes, perdiendo la presidencia por pocos votos en la primera oportunidad, y ganándola en la segunda, cuando ya a la oligarquía boliviana se le habían acabado las opciones institucionales para seguir engañando al pueblo. Morales es el primer presidente indígena en la historia de un país cuya población mayoritariamente también lo es.

El mandato de Morales es constitucional y se ajusta a la trama legal urdida durante décadas por los dueños del poder y la riqueza. El Presidente Morales, sin alterar sustancialmente la institucionalidad boliviana, ha impulsado una política tendiente a la redistribución del ingreso, a la renacionalización de los recursos naturales, a la reivindicación del mundo indígena, y a la reforma a la carta constitucional. El gobierno de Morales es un gobierno democrático y progresista, ratificado mayoritariamente por la población en un reciente referéndum electoral.

Los grupos económicos bolivianos, las grandes familias oligarcas que han detentado históricamente el poder el Bolivia, con mucha mayor claridad política respecto a los escenarios de la lucha de clases que se abren, no han esperado medidas más profundas o de claro corte anticapitalista, radicalizando el enfrentamiento al gobierno de Morales. Buscando el colapso del Estado, llevan a su país a una situación de ingobernabilidad en las prefecturas de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, la medialuna que controla gran parte de las riquezas naturales del país y donde se concentra el poderío económico de la oligarquía.

Mientras la oligarquía toma sin complejos el camino de la violencia, del asesinato y del terrorismo, ya que el régimen constitucional no les es más funcional a sus intereses, los mandos de las Fuerzas Armadas de Bolivia, a contrapelo de su tradicional intervencionismo directo en la política interna, esta vez toman palco, permitiendo que las bandas paramilitares de la oligarquía masacren al pueblo boliviano, y tratan de colocarse a sí mismas por encima de la lucha de clases en el país, lo que históricamente siempre ha sido el paso previo a que los militares se declaren como árbitros de la lucha de clases, legitimando el Golpe de Estado y la instauración de regímenes de excepción.

En una alianza tradicional en América Latina, junto a la oligarquía y los militares contra revolucionarios, nuevamente se encuentra actuando desembozadamente el intervencionismo norteamericano, que promueve y financia al golpismo en Bolivia y amenaza al conjunto de países con gobiernos antiimperialistas de la región. Al igual como en otras partes del mundo, como la ex Yugoeslavia y las ex repúblicas soviéticas, el imperialismo norteamericano no duda en usar como estrategia la destrucción de la unidad social, política y territorial de los países, promoviendo un autonomismo funcional a sus intereses y la independencia política de las regiones con mayores riquezas naturales, la guerra civil y la instauración de gobiernos títeres afectos a su política, que respaldan con su fuerza militar.

La convocatoria a la UNASUR, a un año de su creación, para respaldar el proceso constitucional en Bolivia y el gobierno de Evo Morales, es un hecho histórico en la política internacional de América Latina. Nunca los gobiernos latinoamericanos se habían autoconvocado para respaldar un proceso democrático amenazado por el golpismo de ricos y poderosos aliados al imperialismo. Históricamente, los gobiernos latinoamericanos actuaron de modo servil a los intereses norteamericanos en la región, como lo siguen haciendo en distintas medidas y por distintos motivos Colombia, Perú, Brasil y Chile. Sin embargo, la resolución de la crisis en Bolivia, pasa por la movilización y organización revolucionaria del pueblo boliviano. La oligarquía, el imperialismo, el poder económico y militar en Bolivia ya tomaron el camino de la violencia armada, del golpismo y la represión. El régimen institucional ya fue largamente superado por la dinámica de la lucha de clases, y cualquier negociación/capitulación del gobierno de Morales sólo da más tiempo a los golpistas para preparar la ofensiva sobre el pueblo boliviano, sobre sus movimientos sociales y sus organizaciones políticas.

Hoy el proceso político boliviano se encuentra ante la misma disyuntiva histórica de otros gobiernos progresistas en América Latina. Ante la misma disyuntiva del Gobierno de Allende: quedar entrampado en la legalidad de los patrones y en la política de acuerdos con las clases dominantes, de los burócratas y partidos reformistas y centristas, capitulando frente a las exigencias de la oligarquía y el imperialismo, o apoyarse en los trabajadores y el pueblo, armar a los trabajadores y el pueblo boliviano, al movimiento popular, para enfrentar y derrotar a la oligarquía, a los sectores golpistas de las Fuerzas Armadas y al imperialismo, avanzando a una reforma profunda del sistema político, social y económico de la nación, abriendo un periodo revolucionario en el país. Esto, porque el golpismo en Bolivia no busca sólo sacar a Evo Morales del gobierno. De lo que se trata principalmente es de aplastar al movimiento popular en Bolivia. Más de treinta muertos y cerca de cien campesinos desaparecidos durante los últimos enfrentamientos en Bolivia son la antesala de la represión al movimiento popular, si este movimiento no se defiende, SI ESE MOVIMIENTO POPULAR NO SE ARMA y pasa a la ofensiva.

El Pueblo de Chile ha vivido en carne propia la violencia de los dueños del poder y la riqueza y las consecuencias del intervencionismo norteamericano durante el Gobierno de la UP y los 17 años de la Dictadura Militar, con su correlato de muertos, desparecidos, torturados, presos y exiliados. El gobierno y movimiento popular de Bolivia no deben repetir los mismos errores que cometimos en Chile. El pueblo chileno debió aguantar la larga noche de la Dictadura también debido a las vacilaciones y a la capitulación de los partidos reformistas y centristas que apoyaron el gobierno de Allende y no fueron capaces de organizar la defensa de lo conquistado por el movimiento popular, aquellos que ante la inminencia del golpe prefirieron negociar con el enemigo, desarmar y reprimir al propio movimiento popular y luego desertaron dejando al pueblo inerme frente a la represión desatada por los militares.
El resultado final de todo eso han sido décadas de explotación, de empobrecimiento de los sectores populares, de saqueo de los recursos naturales, de opresión política. De pérdida de las conquistas que a lo largo de décadas de lucha los trabajadores y el pueblo habían arrancado a la clase patronal. A 35 años del Golpe Militar, los trabajadores y el conjunto del pueblo de Chile no pueden sino solidarizar con nuestros hermanos bolivianos, rechazar cualquier intento de golpe militar en Bolivia y apoyar la resistencia popular y la lucha armada contra cualquier régimen de facto, dejando de lado cualquier tipo de nacionalismo barato promovido por las clases dominantes para mantener desunidos a nuestros pueblos.

La izquierda y los revolucionarios no pueden quedarse de brazos cruzados ante la situación del pueblo de Bolivia. Con el pretexto de que los gobiernos de Chávez, Correa o Morales no han emprendido las transformaciones anticapitalistas que los revolucionarios creemos deben ser impulsadas a la brevedad, no podemos negar nuestro apoyo y solidaridad a las corrientes revolucionarias en cada uno de estos países. Precisamente ha sido la existencia de estos gobiernos lo que ha permitido desnudar las contradicciones del capitalismo en cada uno de esos países y agudizarlas, abriendo nuevas y superiores perspectivas de lucha para los revolucionarios y el pueblo. Menos, podemos dejar de apoyar a los trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, al conjunto del pueblo que se moviliza en defensa del movimiento popular, de esos gobiernos y contra las agresiones imperialistas en la región. No entender eso es no entender nada y no haber aprendido nada de los últimos 40 años de la lucha de clases en nuestro país y en América Latina.
Hacemos un llamado a todos los compañeros y compañeras a solidarizar con el Pueblo Boliviano, organizando y participando en las movilizaciones de apoyo al movimiento popular, contra el golpismo y contra el intervencionismo norteamericano. Hacemos un llamado a apoyar la resistencia y la lucha armada contra la imposición de la dictadura en Bolivia.

¡¡VAYÁNSE AL CARAJO, YANKIS DE MIERDA!!
¡CONTRA LA OFENSIVA DE LA OLIGARQUÍA Y EL GOLPISMO EN BOLIVIA,
APOYAR LA OFENSIVA POPULAR!
¡ES LUCHANDO COMO AVANZA EL PUEBLO!
Santiago de Chile, 17 de Septiembre de 2008.
Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR de Chile
http://www.chile-mir.org